Policías tucumanos investigados por un operativo narco habrían usado una camioneta robada

La investigación que involucra a policías tucumanos por su presunta participación en un operativo irregular vinculado al hallazgo de 66 kilos de cocaína en la provincia de Salta incorporó un nuevo elemento que agrava la situación de los uniformados. Según la pesquisa judicial, los efectivos habrían utilizado una Toyota SW4 que permanecía secuestrada por orden judicial en una causa por robo, pese a que debía permanecer bajo custodia hasta su restitución al propietario.

El caso se originó el domingo, cuando una médica de Gendarmería Nacional y una esteticista fueron interceptadas mientras trasladaban un cargamento de droga oculto en una camioneta. De acuerdo con la investigación, un grupo armado intentó apoderarse de la carga, situación que derivó en una persecución y disparos. Las mujeres lograron escapar y pedir ayuda en una vivienda de la localidad salteña de El Potrero, donde intervino la Policía local.

Durante las actuaciones apareció una camioneta en la que se movilizaban cuatro efectivos de la Policía de Tucumán, quienes manifestaron que habían acudido al lugar tras ser alertados sobre un presunto ataque armado en la Ruta Nacional 34. Sin embargo, cuando se descubrió el cargamento de cocaína, los policías abandonaron el lugar sin dejar constancia oficial de su intervención, circunstancia que motivó la apertura de una investigación federal.

La causa, encabezada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, derivó en el secuestro de las armas reglamentarias de los efectivos, el libro de guardia del destacamento y la camioneta utilizada durante el procedimiento. Las averiguaciones posteriores determinaron que el vehículo no pertenecía al parque automotor policial, sino que había sido secuestrado días antes durante un operativo del Operativo Lapacho, luego de comprobarse que había sido robado en Córdoba y circulaba con documentación y patente adulteradas.

Según la investigación, la camioneta permanecía bajo custodia judicial y debía ser restituida a su propietario, por lo que ahora también se intenta establecer cómo fue utilizada por los efectivos sin una autorización formal. Ante esta situación, el fiscal que intervino en la causa original presentó un requerimiento para que se investigue esa presunta irregularidad, mientras la Justicia analiza si los policías incurrieron en nuevos delitos.

En paralelo, los investigadores continúan trabajando sobre distintas hipótesis para determinar cuál fue el verdadero rol de los uniformados en el procedimiento realizado en territorio salteño. Entre las líneas de investigación se analiza si prestaban apoyo a una organización criminal o si existía algún tipo de acuerdo previo relacionado con el traslado de la droga. Mientras avanzan las pericias y el análisis de las pruebas, los efectivos permanecen separados preventivamente de sus funciones y a disposición de la Justicia Federal.