Benjamin EncinaLa causa que investiga un presunto entramado de corrupción en las rutas del norte argentino registró una importante novedad judicial. El Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero resolvió otorgar la excarcelación a los siete efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) con asiento en Tucumán que permanecían detenidos, aunque deberán cumplir estrictas medidas de conducta y continuarán sometidos al proceso penal.
En su resolución, el tribunal consideró que, en esta etapa de la investigación, no existen riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la causa que justifiquen mantener la prisión preventiva de los imputados.
Los siete policías —cinco hombres y dos mujeres— habían sido detenidos durante la madrugada del 31 de junio, mientras cumplían funciones en un puesto de control vehicular sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de 7 de Abril, en Tucumán.
La fiscalía les atribuye, de manera provisoria, los delitos de cohecho pasivo, destrucción de elementos de prueba e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de una investigación por el presunto cobro de dinero ilegal a tours de compras que circulaban por el norte del país.
La defensa de los efectivos, integrada por los abogados Fernanda Gabriela Santin y Lucas Vieyra, logró que el juez descartara, por el momento, la acusación vinculada con la destrucción de pruebas. Inicialmente, los investigadores sostenían que los policías habían triturado una hoja donde figuraban anotaciones con cifras que presuntamente correspondían a los montos de las coimas cobradas.
Si bien ese planteo fue aceptado de manera provisoria por la Justicia, la investigación principal continúa avanzando. El expediente seguirá enfocado en determinar si existió un esquema sistemático de cobros ilegales a transportistas y coordinadores de viajes que transitaban por los controles policiales.
Como parte de las próximas medidas, la Justicia Federal avanzará con la toma de declaraciones a los coordinadores de los tours de compras y con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos, elementos que podrían resultar clave para establecer el grado de participación de cada uno de los imputados.
La causa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas procesales a medida que avance la recolección de pruebas.
