Belen LapetinaEl Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y promover la incorporación de dólares al circuito financiero formal.
El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei y miembros de su gabinete, podría ser tratado durante la primera semana de agosto, con el objetivo de obtener su aprobación antes de fin de mes. Para lograrlo, el oficialismo deberá negociar con bloques aliados, ya que no cuenta con mayoría propia en el Congreso.
Uno de los principales cambios propuestos es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen. Si la reforma es aprobada, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por este sistema.
En cuanto a los controles, ARCA mantendrá sus facultades de fiscalización sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica. El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que habilitaría la revisión de una declaración jurada simplificada cuando la diferencia implique un aumento del impuesto o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado.
Además, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Los fondos también podrían acceder a los beneficios establecidos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa establece, además, que la Unidad de Información Financiera (UIF) considere la adhesión al régimen como un antecedente favorable en los controles de prevención del lavado de activos. Sin embargo, las entidades financieras continuarán obligadas a cumplir con las normas de identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas.
Uno de los puntos que podría generar mayor debate durante el tratamiento parlamentario es la posibilidad de que funcionarios públicos también puedan adherirse al régimen, una disposición que podría modificarse durante la discusión en comisiones o en el recinto.
