
Nuevo protocolo policial para actuar ante amenazas de violencia en escuelas difundidas por redes sociales
Belen LapetinaEl Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo de actuación policial para intervenir ante amenazas de violencia en escuelas difundidas a través de redes sociales y otros entornos digitales. La medida fue establecida mediante la Resolución 725/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa redefine el tratamiento de los datos personales de niñas, niños y adolescentes durante las tareas de prevención e investigación de delitos informáticos. En ese sentido, dispone que el personal policial deberá respetar la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y no podrá acceder ni utilizar información de menores sin una orden judicial, salvo en situaciones excepcionales.
El protocolo establece que, cuando exista certeza o sospecha de que una investigación involucra a un menor de edad, las tareas deberán suspenderse de inmediato y notificarse a la autoridad correspondiente.
Sin embargo, la resolución contempla cinco excepciones en las que la intervención podrá continuar sin interrupciones. Estas incluyen casos en los que exista un riesgo para la vida del menor, indicios de desaparición o sustracción, conductas autolesivas o suicidas, situaciones en las que el menor sea víctima de un delito o cuando existan evidencias de amenazas o planificación de hechos de violencia masiva en establecimientos educativos o espacios públicos.
En todos estos casos, el personal actuante deberá dejar constancia de los motivos que justificaron la continuidad de la investigación y comunicar de inmediato la situación a la autoridad competente.
La modificación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la prevención del ciberdelito y mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas difundidas por internet.
Según el Gobierno, el objetivo es brindar herramientas más eficaces para prevenir hechos graves, garantizando al mismo tiempo el respeto por los derechos fundamentales, la privacidad y las garantías procesales establecidas por la legislación vigente.


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