Benjamin EncinaCinco efectivos de la Policía de Tucumán, pertenecientes a la Comisaría de Banda del Río Salí, fueron formalmente imputados por la Justicia tras ser acusados de apropiarse de $1.500.000 durante un allanamiento judicial realizado en diciembre del año pasado. La causa está a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que les atribuye los delitos de peculado y falsedad ideológica de instrumento público, en calidad de coautores.
La investigación sostiene que el hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando los cinco uniformados participaron de un allanamiento ordenado por la Justicia en una vivienda ubicada en las calles Balcarce y Jaime Freyre, en Banda del Río Salí, en el marco de una causa por robo simple. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron aproximadamente $1.500.000 en efectivo, dinero perteneciente a los moradores del inmueble.
De acuerdo con la acusación presentada por el auxiliar fiscal Federico Lizárraga, los policías tenían la obligación legal de custodiar el dinero, dejar constancia de su hallazgo en el acta correspondiente y ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los acusados actuaron de manera coordinada para apropiarse del efectivo.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los uniformados retiraron el dinero del lugar, evitaron secuestrarlo formalmente y posteriormente confeccionaron un acta donde omitieron deliberadamente mencionar el hallazgo, haciendo figurar un resultado negativo del allanamiento que no coincidía con lo ocurrido durante el procedimiento. Esa conducta dio origen a la imputación por falsedad ideológica, además del delito de peculado, que sanciona la apropiación de bienes públicos o bajo custodia de funcionarios.
Durante la audiencia judicial, la Unidad Especializada de Delitos Complejos, encabezada por la fiscal Mariana Rivadeneira, solicitó que los cinco imputados permanezcan sometidos a medidas de menor intensidad mientras avanza la investigación penal preparatoria, cuyo plazo fue fijado en seis meses. La jueza interviniente hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y resolvió mantener a los acusados vinculados al expediente bajo esas condiciones procesales.
La causa continuará ahora con nuevas medidas probatorias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los policías y esclarecer completamente lo sucedido durante el allanamiento. Entre las diligencias previstas figuran el análisis de documentación, declaraciones testimoniales y otras pruebas recolectadas por los investigadores.
El caso volvió a poner bajo la lupa el accionar de integrantes de la fuerza provincial y reavivó el debate sobre los mecanismos de control interno durante los procedimientos judiciales, especialmente aquellos en los que se secuestran bienes o dinero en efectivo.
