Benjamin EncinaEl estado de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro del debate luego de conocerse que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, acumuló $1,4 billones provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) con destino específico para infraestructura vial, aunque esos recursos continúan sin ejecutarse. La decisión, según distintos informes, responde a la estrategia oficial de sostener el superávit fiscal, aun cuando el deterioro de la red vial se profundiza en todo el país.
De acuerdo con el informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), desde la asunción del actual Gobierno se acumularon $1,35 billones que debían destinarse a la conservación y reparación de rutas nacionales. Con ese monto, sostienen los especialistas, se podría haber financiado el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de caminos, equivalente a casi un cuarto de toda la red vial nacional.
El informe advierte que el 70% de las rutas nacionales se encuentra actualmente en estado malo o regular, situación que incrementa el riesgo de accidentes y eleva los costos logísticos para el transporte de personas y mercaderías. Los especialistas remarcan que la falta de mantenimiento genera un deterioro acelerado de la infraestructura y que reconstruir una ruta cuesta hasta diez veces más que conservarla en condiciones.
Entre los casos mencionados aparecen rutas estratégicas para la producción nacional, como la Ruta Nacional 151, utilizada para el transporte vinculado a Vaca Muerta, donde camioneros denunciaron el grave estado del pavimento tras nuevos siniestros. También se mencionan problemas en las rutas 11, 16, 38, 79 y 153, además de distintos corredores nacionales que atraviesan el norte argentino.
El deterioro de la infraestructura también quedó reflejado en una serie de accidentes registrados durante los últimos meses. En Salta, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Jujuy y Chaco se produjeron choques y vuelcos con víctimas fatales y numerosos heridos, episodios que reavivaron el reclamo por una mayor inversión en la red vial.
Desde distintos sectores cuestionan que los recursos obtenidos mediante un impuesto con asignación específica no sean utilizados para el fin para el que fueron creados. Incluso, trabajadores de Vialidad Nacional y especialistas en infraestructura señalaron que la postergación de obras compromete la seguridad vial y genera mayores costos para futuras reparaciones.
En paralelo, el Gobierno avanza con un esquema de concesiones privadas sobre distintos corredores nacionales, con contratos de hasta 20 años. Sin embargo, desde gremios del sector afirman que las principales obras de puesta en valor recién comenzarían varios años después de iniciadas las concesiones, mientras que el estado actual de las rutas continúa deteriorándose.
El debate también alcanzó a gobernadores e intendentes de distintas provincias, quienes reclaman una mayor inversión nacional en infraestructura vial. Según el informe, la combinación entre la falta de ejecución de fondos y el deterioro de los caminos representa uno de los principales desafíos para la competitividad logística y la seguridad vial en la Argentina.
