Benjamin EncinaEl interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), José Ricardo Ascárate, presentó su renuncia al cargo, en una decisión que marca un nuevo capítulo en la crisis institucional que atraviesa el organismo. La dimisión ahora deberá ser evaluada y aceptada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien también deberá definir quién quedará al frente del ente regulador.
Según trascendió desde el propio organismo, la salida de Ascárate se produce después de varias semanas de fuertes diferencias internas que terminaron exponiendo públicamente el conflicto entre el interventor y la subinterventora administrativa y financiera, Ingrid Lausberg.
La disputa comenzó a fines de julio, cuando Lausberg intimó formalmente a Ascárate para que dejara de emitir órdenes o requerimientos administrativos sin su intervención. El planteo surgió a partir de un expediente iniciado luego de que la Intervención solicitara información sobre la situación laboral de 13 agentes del ERSEPT. En esa presentación, la subinterventora llegó a mencionar una posible "desviación de poder" e incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar una denuncia penal.
Al día siguiente, Ascárate respondió rechazando la intimación y sostuvo que sus facultades como interventor único seguían plenamente vigentes, pese a la creación del cargo de subinterventora mediante un decreto firmado meses atrás por el propio gobernador Jaldo. Por su parte, Lausberg difundió un comunicado aclarando que las diferencias no respondían a cuestiones personales, sino al cumplimiento de sus funciones y a la necesidad de garantizar mayor transparencia en el funcionamiento del organismo.
Con este escenario de enfrentamiento institucional, la renuncia de Ascárate aparece como un desenlace a una crisis que se fue profundizando durante las últimas semanas y que terminó afectando el normal funcionamiento del ente encargado de controlar los servicios públicos en Tucumán.
Ahora la decisión final quedará en manos del gobernador Osvaldo Jaldo, quien deberá resolver si acepta formalmente la renuncia y avanzar con la designación de un nuevo interventor que garantice la continuidad institucional del ERSEPT, organismo clave para la fiscalización de los servicios de energía eléctrica, agua potable, saneamiento y otros servicios públicos esenciales de la provincia.
