Benjamin EncinaLa discusión por la reforma de la Ley de Tierras volvió a generar fuertes repercusiones políticas. En Mendoza, dirigentes del peronismo expresaron su rechazo a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional y advirtieron que la iniciativa representa un riesgo para la soberanía sobre los recursos estratégicos del país. Al mismo tiempo, convocaron a fortalecer la unidad del espacio político para enfrentar el tratamiento legislativo del proyecto.
El pronunciamiento se produjo en medio del debate nacional sobre la propuesta oficial, que busca modificar la normativa vigente para eliminar restricciones vinculadas a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del límite del 15% de tierras rurales que actualmente pueden estar en manos extranjeras, además de la eliminación del tope de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo.
Desde el peronismo mendocino señalaron que la reforma podría afectar el control sobre recursos naturales estratégicos y cuestionaron la oportunidad política del proyecto. También insistieron en que la iniciativa requiere un debate profundo con las provincias, ya que la tierra constituye uno de los principales activos productivos del país.
Los dirigentes remarcaron que el tratamiento legislativo debe contemplar la opinión de los gobiernos provinciales y de los distintos sectores productivos, al considerar que la reforma tendrá consecuencias sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo regional.
En ese marco, hicieron un llamado a la unidad del peronismo, sosteniendo que el escenario político actual exige una estrategia común frente a las iniciativas impulsadas por el oficialismo nacional. Según manifestaron, el objetivo es construir una posición conjunta que permita defender los intereses provinciales y garantizar el acceso equitativo a la tierra.
Mientras tanto, el proyecto continúa generando debate en el ámbito político nacional. La propuesta todavía deberá superar las instancias legislativas correspondientes antes de convertirse en ley y continúa despertando posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.
