Benjamin EncinaLa Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) aseguró que el paro docente nacional convocado este lunes tuvo un “altísimo acatamiento” en todo el país, en una jornada marcada por la suspensión de clases, movilizaciones y fuertes críticas a la política educativa del Gobierno nacional. La medida coincidió con el regreso a las aulas tras el receso invernal en varias provincias y generó un nuevo foco de conflicto entre los sindicatos y el Ejecutivo.
Desde la organización sindical sostuvieron que la adhesión fue masiva y afirmaron que miles de docentes participaron de marchas y actividades en distintas jurisdicciones. La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, afirmó que el paro buscó visibilizar la crisis que atraviesa el sistema educativo y denunció la falta de diálogo con el Gobierno.
Entre los principales reclamos, el gremio exigió la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una actualización urgente del salario mínimo docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mayor inversión en infraestructura escolar y el envío de fondos nacionales destinados a educación.
Según explicaron los dirigentes, la protesta responde a la negativa del Ejecutivo de convocar a una negociación salarial nacional. Alesso aseguró que los docentes enfrentan una grave crisis presupuestaria y señaló que muchos trabajadores perciben “salarios de hambre”, que no alcanzan para cubrir el costo de vida. También sostuvo que la inversión educativa cayó de manera sostenida en los últimos años.
Durante la movilización realizada en la Plaza de Mayo, representantes de distintos gremios coincidieron en reclamar políticas que fortalezcan la educación pública. El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, advirtió que el sistema educativo atraviesa una profunda crisis, mientras que dirigentes de otros sindicatos anticiparon que podrían profundizar las medidas de fuerza si no hay respuestas oficiales.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, desplegó un operativo de fiscalización para controlar el cumplimiento del 75% de prestación mínima en las escuelas, en el marco de la legislación que considera a la educación un servicio esencial. Desde el Gobierno advirtieron que, si se detectaban incumplimientos, podrían iniciarse procedimientos administrativos y aplicarse las sanciones previstas por la normativa vigente.
La cartera nacional sostuvo que los controles tuvieron como objetivo garantizar el derecho a la educación de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias. Sin embargo, desde CTERA rechazaron esa postura y calificaron la normativa como inconstitucional, al considerar que limita el derecho de huelga reconocido a los trabajadores.
El conflicto docente vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda nacional, mientras los gremios insisten en que continuarán impulsando acciones gremiales y judiciales hasta obtener una convocatoria a paritarias y una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.
