Benjamin EncinaEl Senado de la Nación retomó el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno nacional, que busca introducir modificaciones en la legislación sobre expropiaciones, desalojos, ocupaciones ilegales y el régimen de tierras rurales. La iniciativa volvió a la agenda parlamentaria luego de varias semanas de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
El proyecto había sufrido un fuerte revés semanas atrás, cuando La Libertad Avanza no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con la media sanción y el Senado resolvió pasar a un cuarto intermedio para continuar las negociaciones. Aquella decisión permitió al oficialismo introducir modificaciones al texto con el objetivo de sumar apoyos y destrabar el debate legislativo.
Uno de los puntos más debatidos de la iniciativa está relacionado con la compra de tierras por parte de extranjeros. La versión original proponía eliminar los límites establecidos por la legislación vigente, pero tras las críticas recibidas, el Gobierno presentó una modificación que mantiene restricciones y eleva el límite permitido del 15% al 25% de tierras rurales en manos extranjeras.
Además del capítulo sobre tierras, el proyecto incorpora cambios en la Ley de Expropiaciones, busca acelerar los procesos de desalojo frente a ocupaciones ilegales y establece nuevas reglas para reforzar la protección de la propiedad privada, uno de los ejes centrales de la agenda legislativa impulsada por la administración nacional.
Desde el oficialismo sostienen que las reformas brindarán mayor seguridad jurídica, favorecerán la llegada de inversiones privadas y otorgarán herramientas más ágiles para resolver conflictos vinculados con inmuebles y ocupaciones. En cambio, sectores de la oposición y organizaciones sociales cuestionan la iniciativa por considerar que algunas modificaciones podrían afectar derechos adquiridos y facilitar la venta de tierras estratégicas a capitales extranjeros.
La sesión en la Cámara Alta también contempla el tratamiento de otros expedientes vinculados con designaciones judiciales y distintos proyectos pendientes antes del receso parlamentario. Sin embargo, la Ley de Propiedad Privada concentra la mayor atención política por el impacto que tendría sobre el régimen legal vigente y por las diferencias que todavía persisten entre el oficialismo y parte de la oposición.
El resultado del debate será determinante para el futuro de una de las principales reformas promovidas por el Gobierno nacional. En caso de obtener la aprobación del Senado, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde también se anticipa un intenso debate político antes de su eventual sanción definitiva.
