Benjamin EncinaEl fracaso del proyecto para reformar la Ley de Tierras en el Senado de la Nación provocó una fuerte crisis interna en el Gobierno nacional, donde comenzaron a multiplicarse los reproches cruzados entre distintos sectores de La Libertad Avanza. Lo que debía convertirse en una de las principales victorias legislativas del oficialismo terminó exponiendo profundas diferencias en la estrategia política y en la conducción de las negociaciones parlamentarias.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo buscaba flexibilizar el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, ante la falta de los votos necesarios para garantizar su aprobación, el Gobierno decidió retirar el capítulo más polémico del proyecto antes de que llegara al recinto, evitando así una derrota parlamentaria aún mayor.
De manera oficial, la Casa Rosada responsabilizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por el desenlace de las negociaciones, aunque puertas adentro comenzaron a surgir cuestionamientos hacia otros integrantes del oficialismo. Entre los nombres señalados aparecen la ministra Patricia Bullrich, el ministro Federico Sturzenegger y los principales armadores políticos del espacio libertario, quienes quedaron en el centro de las críticas por la falta de coordinación para asegurar los apoyos necesarios.
Según trascendió, uno de los principales reproches apuntó a que se había asegurado que el proyecto contaba con los votos suficientes cuando, finalmente, varios senadores decidieron retirar su respaldo. Esa situación generó malestar entre los principales referentes del Gobierno y abrió una discusión sobre el manejo de las negociaciones legislativas.
La propuesta original contemplaba eliminar las restricciones actuales para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Frente al rechazo político y social que despertó la iniciativa, el Ejecutivo ya había presentado una versión modificada que elevaba del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad extranjera de tierras rurales, aunque tampoco logró reunir el consenso necesario.
El debate por la Ley de Tierras se convirtió en uno de los temas más conflictivos de la agenda parlamentaria de las últimas semanas y derivó en manifestaciones de organizaciones rurales, sectores ambientales y agrupaciones sociales que rechazaron cualquier flexibilización sobre la propiedad de territorios considerados estratégicos para el país.
Mientras tanto, el Gobierno analiza cómo reimpulsar la iniciativa en el futuro, aunque primero deberá recomponer el diálogo interno y reconstruir acuerdos políticos que le permitan volver a llevar el proyecto al Congreso con mayores posibilidades de éxito.
