Benjamin EncinaEl Gobierno nacional decidió introducir cambios en el paquete de desregulación económica que prepara para enviar al Congreso y analiza una nueva estrategia parlamentaria para avanzar con las reformas durante la segunda mitad del año.
La principal modificación que evalúa la Casa Rosada consiste en dividir la iniciativa original en distintos proyectos, organizados por sectores, en lugar de enviar un único paquete de gran volumen. La decisión apunta a facilitar el tratamiento legislativo y permitir que cada reforma pueda ser negociada de manera independiente con los distintos bloques.
La estrategia será analizada por la mesa política del Gobierno, que busca ordenar las prioridades legislativas después del receso del Congreso. El oficialismo pretende evitar que un paquete demasiado amplio genere dificultades para conseguir los votos necesarios y, al mismo tiempo, avanzar primero con aquellas iniciativas que cuentan con mayores posibilidades de respaldo.
Entre los proyectos que aparecen como prioritarios se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal, los cambios vinculados con la Propiedad Privada, la reforma electoral y el denominado Súper RIGI. También se analiza una segunda etapa de medidas de desregulación vinculadas con distintos sectores de la economía.
Desde el Ejecutivo buscan cerrar primero algunos de estos proyectos antes de avanzar con el resto del paquete. La intención es que las iniciativas que tengan mayor consenso puedan comenzar a tratarse en el Congreso y que las restantes sean enviadas posteriormente, de acuerdo con el escenario político y las posibilidades de negociación.
La Propiedad Privada es uno de los temas que ya generó negociaciones dentro del oficialismo. La mesa política encabezada por Karina Milei trabajó durante los últimos días en modificaciones al proyecto para intentar conseguir respaldo legislativo.
Otro de los ejes de la agenda es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Gobierno busca impulsar a través del Congreso. A esto se suma el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa promovida por el equipo económico que apunta a modificar el régimen tributario y la relación entre los contribuyentes y la administración fiscal.
El Súper RIGI, por su parte, forma parte de las iniciativas destinadas a establecer mayores incentivos para determinadas inversiones y sectores productivos. Su tratamiento también quedó incorporado dentro de la agenda legislativa que el Gobierno pretende reactivar.
La estrategia oficial responde, en parte, a las dificultades que el Gobierno enfrentó anteriormente para avanzar con proyectos de gran tamaño. Por eso, ahora busca una metodología que permita negociar cada reforma por separado, alcanzar acuerdos con sectores aliados y evitar que el rechazo a un capítulo termine bloqueando todo el paquete.
La mesa política tendrá un papel central en la definición del cronograma legislativo. El objetivo será determinar qué proyectos ingresarán primero, cuáles necesitan modificaciones y con qué sectores políticos deberán negociarse los cambios antes de su presentación formal.
De esta manera, el Gobierno de Javier Milei prepara una nueva etapa de su agenda de reformas, con la intención de avanzar en el Congreso mediante un esquema más fragmentado y con prioridades definidas. La discusión parlamentaria será clave para determinar hasta dónde podrá avanzar el oficialismo con su programa de desregulación y transformación del Estado.
