Benjamin EncinaUna nueva línea de investigación se abrió en la causa que busca determinar quiénes estaban detrás del cargamento de 470 kilos de cocaína secuestrado en Tucumán. Esta vez, el expediente sumó una denuncia por una presunta extorsión que habría sido organizada desde el interior del penal de Villa Urquiza, donde se encuentran alojados algunos de los acusados.
Según la denuncia incorporada a la investigación, la presunta víctima es Marcos Nacif, quien está procesado en la causa principal y es señalado por la Justicia como el conductor de la Toyota Hilux utilizada para transportar el cargamento de droga.
De acuerdo con la presentación realizada ante la Justicia, los hermanos Walter, Emanuel y Marcos Caro, integrantes del denominado clan Caro, habrían utilizado su situación de detenidos para ejercer presión sobre Nacif. La exigencia habría sido concreta: US$25.000 y una camioneta Renault Oroch.
La hipótesis que ahora analiza la Justicia es que el dinero y el vehículo serían entregados a Denise Lobo, señalada como madre de los tres hombres denunciados. El pedido, según la acusación, habría tenido como finalidad evitar que Nacif sufriera represalias dentro del establecimiento penitenciario mientras permaneciera detenido.
La denuncia fue presentada por los abogados defensores de Nacif y quedó bajo análisis del fiscal Mariano Fernández, quien dispuso una serie de medidas para determinar si las amenazas efectivamente se produjeron y cuál habría sido el nivel de participación de cada uno de los involucrados.
A partir de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, la Justicia ordenó un allanamiento dentro del penal de Villa Urquiza. El procedimiento se concentró en una celda identificada dentro del establecimiento y tuvo como uno de sus principales objetivos encontrar elementos que permitieran comprobar la presunta comunicación entre los detenidos y el entorno de Nacif.
Durante el operativo fueron secuestrados teléfonos celulares, dispositivos que ahora serán sometidos a peritajes. La información almacenada en esos equipos podría ser determinante para reconstruir las comunicaciones, establecer contactos y determinar si desde la cárcel se impartieron instrucciones o se realizaron las amenazas denunciadas.
Los investigadores buscarán especialmente mensajes, llamadas y otros elementos que permitan establecer cómo se habría desarrollado la maniobra y quiénes podrían haber participado desde fuera del penal.
La nueva denuncia se incorpora a una investigación de gran magnitud que comenzó luego del secuestro de 470 kilos de cocaína en territorio tucumano. El volumen del cargamento llevó a los investigadores a considerar desde el inicio que no se trataba de una operación menor, sino de una maniobra que podría estar vinculada con una estructura criminal de mayor alcance.
Uno de los puntos centrales de la causa principal es determinar quién era el verdadero propietario de la droga y quién habría organizado el traslado.
Nacif fue detenido cuando conducía la camioneta en la que se transportaba el cargamento, mientras que Rodrigo “Icha” Chávez, señalado como propietario del vehículo, también quedó vinculado al expediente.
La investigación federal intenta reconstruir la cadena completa de responsabilidades: desde el origen de la cocaína y su supuesto proveedor hasta quienes habrían coordinado el transporte y quienes esperaban recibir la droga.
En ese marco también fueron analizados posibles vínculos con otros nombres que aparecen en investigaciones relacionadas con el narcotráfico en el sur de Tucumán y Santiago del Estero.
La denuncia por extorsión agrega una nueva dimensión al expediente. La Justicia deberá determinar si los acusados aprovecharon su permanencia en Villa Urquiza para intentar obtener dinero y un vehículo de otro procesado y, en caso de comprobarse, si existió una estructura externa encargada de recibir los bienes.
Por el momento, se trata de una acusación que deberá ser investigada y probada judicialmente. Los teléfonos secuestrados serán una de las principales herramientas para determinar si existieron las comunicaciones denunciadas y si las exigencias partieron efectivamente de los detenidos.
La causa por los 470 kilos de cocaína continúa así sumando nuevos capítulos mientras la Justicia Federal intenta reconstruir el funcionamiento de la organización detrás del cargamento. A la investigación sobre el origen y destino de la droga se suma ahora la presunta maniobra de extorsión dentro del sistema penitenciario, que podría aportar nuevas pistas sobre los vínculos entre los distintos acusados.
