Benjamin EncinaDesde este martes 11 de agosto de 2026 rige en la Argentina una nueva normativa que modifica las condiciones de acceso a la salud pública para los extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, firmada por el ministro Mario Lugones y publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los extranjeros que no tengan residencia permanente deberán contar con un seguro médico válido que cubra la prestación requerida o, en caso de no disponer de cobertura, abonar el arancel correspondiente para recibir atención en los hospitales nacionales.
La nueva disposición establece un cambio en el esquema de financiamiento de las prestaciones sanitarias para personas que no tienen residencia permanente en el territorio argentino. En los casos en los que el paciente no pueda acreditar un seguro suficiente para cubrir los costos de la atención, el establecimiento sanitario podrá exigir el pago previo de la prestación.
El vocero presidencial Adrián Ravier fue uno de los principales funcionarios que comunicó y defendió públicamente la decisión. A través de sus redes sociales, presentó la medida como el cierre de una situación que consideraba injusta para los contribuyentes argentinos.
Ravier sostuvo que, desde este martes, “todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales”.
El funcionario también cuestionó que los recursos de la salud pública sean utilizados para atender a personas que, según su argumento, no viven, no trabajan ni pagan impuestos en la Argentina. En ese sentido, calificó la situación anterior como uno de los principales “flagelos de los pagadores de impuestos” y aseguró que la nueva normativa busca ponerle fin a ese esquema.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la excepción para las emergencias médicas. La nueva normativa establece que la atención sanitaria de emergencia no podrá ser negada ni restringida cuando exista un riesgo de vida, independientemente de la situación migratoria del paciente.
La excepción contempla situaciones de riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función. Entre los ejemplos mencionados se encuentran infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas, sepsis y emergencias obstétricas, además de otros cuadros de gravedad similar.
Por lo tanto, un extranjero sin residencia permanente que llegue a un hospital nacional con una emergencia que implique riesgo de vida deberá recibir atención médica, aunque no tenga seguro o no pueda afrontar el costo de la prestación en ese momento.
La diferencia se produce en las prestaciones que no constituyan una emergencia: en esos casos, el paciente deberá presentar cobertura médica o asumir el costo correspondiente.
El Gobierno nacional vinculó esta decisión con otra modificación impulsada anteriormente en materia de educación superior.
Según explicó Ravier, en 2025 se habilitó a las universidades públicas a establecer aranceles para determinados estudiantes extranjeros, dentro de las modificaciones introducidas al régimen educativo y migratorio.
El Ejecutivo sostiene que ambas medidas forman parte de una misma política: establecer condiciones diferenciadas para el acceso de extranjeros no residentes a determinados servicios financiados con recursos del Estado argentino.
“Ya dimos un paso fundamental en 2025 cuando se habilitó a las universidades públicas a cobrar un arancel a los extranjeros, ahora los hospitales darán el ejemplo”, expresó el vocero presidencial al referirse a la nueva normativa.
La implementación del arancel sanitario abre ahora una nueva etapa en el sistema público nacional y pone el foco en la forma en que se financian las prestaciones para quienes no tienen residencia permanente en el país, mientras que la atención de emergencia por riesgo de vida continúa garantizada.
