Benjamin EncinaEl conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno vuelve a ocupar el centro de la escena. Este miércoles 12 de agosto, los gremios que representan a docentes y trabajadores nodocentes realizan un nuevo paro nacional de 24 horas, en reclamo por la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios y un aumento de los fondos destinados al funcionamiento de las casas de estudio y los hospitales universitarios.
La medida de fuerza había sido anunciada la semana pasada y se produce en el marco de un conflicto que lleva más de dos años y medio, según plantearon desde el sector sindical. Los trabajadores universitarios sostienen que el Gobierno no cumplió completamente con las obligaciones establecidas por la legislación aprobada por el Congreso.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la Ley 27.795, sancionada hace casi un año, que estableció mecanismos para actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y programas de investigación. La norma también contempla la convocatoria a paritarias docentes y nodocentes, además de mejoras en las becas estudiantiles.
A la protesta se sumaron distintas organizaciones gremiales, entre ellas AGD UBA, FEDUN, FAGDUT y FATUN, que sostienen que todavía existe una importante diferencia entre los aumentos salariales acordados y la recomposición que consideran necesaria.
En junio, el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) habían alcanzado un acuerdo para actualizar los salarios en un 24,33%, dividido en dos etapas: un aumento del 21,33% en julio y otro del 3% previsto para octubre. Sin embargo, los gremios sostienen que ese incremento resulta insuficiente y que existe una diferencia de casi 30 puntos respecto de la recomposición que reclaman.
Otro de los puntos centrales de la protesta está relacionado con el financiamiento de los hospitales universitarios, que cumplen un rol importante en la atención sanitaria y en la formación de profesionales.
Según los gremios, la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió $20.000 millones destinados a sus hospitales, pero ese monto representa solamente una cuarta parte de lo recibido durante el año anterior.
El Gobierno se comprometió además a transferir otros $20.000 millones, mientras que los sindicatos reclaman que todavía no existen novedades sobre los $50.000 millones acordados en junio junto con el aumento salarial.
Desde el sector universitario remarcan que el reclamo tiene impacto directo sobre establecimientos que realizan más de medio millón de consultas anuales, muchas de ellas correspondientes a pacientes con enfermedades de alta complejidad.
Frente al paro, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, rechazó los reclamos sindicales y calificó la medida de fuerza como “ilegítima” y de carácter político.
La cartera nacional aseguró que “no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional” y sostuvo que el Ejecutivo viene realizando las transferencias correspondientes de acuerdo con la normativa vigente.
Según los datos difundidos por el Gobierno, durante junio se transfirieron $666.823.011.021 en concepto de gastos de personal e incrementos salariales, mientras que durante julio se giraron otros $448.544.808.500.
En relación con los hospitales universitarios, el Ministerio informó que la UBA recibió dos resoluciones de $20.000 millones cada una. También señaló que la Universidad Nacional de Cuyo recibe mensualmente $188.330.000 en el marco de la Resolución N.º 427/26.
El conflicto también tiene un capítulo en la Justicia Federal. La semana pasada, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de una medida cautelar relacionada con el financiamiento universitario.
La decisión se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. De esta manera, el expediente regresó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, para continuar con la ejecución de la medida.
Los gremios sostienen que la cautelar obliga al Estado a avanzar con la actualización de los salarios docentes y nodocentes, además del financiamiento de becas y programas estudiantiles. El Gobierno, en cambio, afirma que actuó “en los términos dispuestos por la Justicia”.
El Gobierno convocó a una nueva mesa paritaria para el 1 de septiembre, dentro del cronograma acordado con el sector universitario.
Sin embargo, los gremios decidieron mantener la medida de fuerza de este miércoles y anticiparon que continuarán reclamando hasta obtener garantías concretas sobre la recomposición salarial y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto tendrá nuevos capítulos durante las próximas semanas. El 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la Ley 27.795, fecha para la que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales tiene prevista una nueva jornada de visibilización.
Además, el 4 de septiembre, el Consejo Interuniversitario Nacional realizará en Bariloche su 96.º Plenario de Rectoras y Rectores, donde uno de los principales temas será la discusión sobre el presupuesto universitario 2027.
Así, el paro de este miércoles vuelve a poner en discusión uno de los conflictos educativos más prolongados de los últimos años, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno y los gremios respecto del financiamiento, los salarios, los hospitales universitarios y el cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso.
