Benjamin EncinaUn hombre de Tucumán, acusado de contrabando de ropa y zapatillas, podrá evitar la realización de un juicio oral si cumple con el pago de una reparación económica cercana a los $60 millones al Estado. El acuerdo fue alcanzado durante una audiencia realizada ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán y contempla el pago en tres cuotas mensuales.
La causa se inició el 12 de agosto de 2021, cuando personal de la Policía Federal Argentina realizaba un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso a la autopista de San Miguel de Tucumán.
Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron un colectivo de pasajeros en el que viajaban 13 personas, además del conductor y su acompañante. Entre los pasajeros se encontraba Ariel Fernando Bonkosky, domiciliado en el barrio Victoria de la capital tucumana, quien transportaba nueve bultos.
Al inspeccionar la carga, los investigadores encontraron 900 remeras, 1.447 pares de zapatillas y 732 pares de ojotas de origen extranjero. Según la investigación, la mercadería no contaba con facturas, documentación respaldatoria ni avales aduaneros que acreditaran su ingreso legal al país.
Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, todos los productos fueron secuestrados y enviados a la Delegación Aduana Tucumán para determinar su procedencia y valor.
La Dirección General de Aduanas estableció que el cargamento tenía, al momento del operativo, un valor comercial de $3.678.404,43. Ese monto superaba el umbral de punibilidad previsto por la legislación aduanera.
El 26 de abril de 2023, Bonkosky fue procesado sin prisión preventiva. Posteriormente, el entonces fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación de la causa a juicio, al considerarlo presunto autor del delito de encubrimiento de contrabando, previsto en el artículo 874, primer párrafo, inciso “d”, de la Ley 22.415 del Código Aduanero.
La audiencia que definió la salida alternativa estuvo presidida por el juez Pablo Roberto Toledo. Antes de que comenzara el debate, había ocho testigos preparados para declarar.
En ese momento, el abogado defensor José del Río propuso suspender el juicio a cambio de una reparación económica integral. La primera oferta fue de $14 millones, una suma que la defensa consideraba equivalente a aproximadamente cuatro veces el valor que tenía la mercadería al momento del secuestro.
Sin embargo, el fiscal de Cámara Pablo Camuña consideró que ese monto no reflejaba adecuadamente la magnitud del perjuicio y propuso actualizar el valor del cargamento tomando como referencia su cotización en dólares al momento del secuestro y trasladándola a valores actuales.
Con ese criterio, la reparación económica quedó establecida en una cifra cercana a los $60 millones.
Luego de consultar con su defendido, el abogado aceptó la propuesta y solicitó que el pago pudiera realizarse en tres cuotas mensuales, modalidad que finalmente fue aceptada por el Ministerio Público Fiscal.
Ante el acuerdo, el juez Toledo suspendió la audiencia de juicio y estableció que el beneficio quedará condicionado al cumplimiento estricto del cronograma de pagos.
Además, se dispuso que la Justicia reciba información mensual sobre cada depósito realizado para verificar el cumplimiento del acuerdo.
La próxima instancia quedó fijada para el 28 de octubre, fecha en la que se controlará si el acusado cumplió con el pago de la totalidad de la reparación económica.
En caso de que Bonkosky incumpla el compromiso asumido, el beneficio quedará sin efecto y deberá afrontar el correspondiente juicio oral por la causa relacionada con el contrabando de ropa, zapatillas y ojotas de origen extranjero.
