Fondos para obras: el Gobierno utilizó US$3.000 millones para mantener el déficit cero

Los fideicomisos recaudaron más de $8,2 billones, pero ejecutaron menos del 70% y colocaron excedentes en deuda pública.
Nacionales17 de agosto de 2026Benjamin EncinaBenjamin Encina

Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que continúan funcionando acumularon un superávit cercano a los US$3.000 millones, a pesar de que muchos de esos recursos tienen por ley un destino específico, principalmente vinculado con obras de infraestructura.

Según el análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto, los fideicomisos recaudaron más de $8,2 billones durante los primeros dos años de la actual administración. Sin embargo, una parte importante de ese dinero no fue utilizada para los objetivos originales.

Los fondos fiduciarios funcionan como una especie de “caja” estatal con destino específico. Entre sus objetivos se encuentran el financiamiento de rutas, infraestructura de transporte, vivienda, obras hídricas y subsidios, entre otras políticas públicas.

¿Cuánto dinero acumularon?

El superávit financiero de los fideicomisos alcanzó los $1,86 billones durante 2024, equivalentes a unos US$1.978 millones al calcularlos con el tipo de cambio oficial promedio de ese año.

En 2025, el excedente fue de aproximadamente $1,23 billones, equivalentes a unos US$973 millones.

De esta manera, solamente en esos dos ejercicios se acumuló un excedente equivalente a casi US$3.000 millones.

El dato que genera mayor controversia es el nivel de ejecución. Las planillas oficiales muestran que los fondos utilizaron apenas el 55,8% de lo recaudado en 2024, mientras que en 2025 la ejecución llegó al 69,5%.

Durante el primer trimestre de 2026, el porcentaje ejecutado fue del 69,7%.

Es decir, menos del 70% de los recursos recaudados fue destinado a las finalidades para las que fueron creados estos fondos.

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¿Dónde terminó el dinero que no se utilizó?

El excedente fue colocado en instrumentos financieros, primero principalmente mediante plazos fijos en el Banco Nación y posteriormente a través de la compra directa de letras y títulos públicos del Tesoro.

El cambio permitió que el Ministerio de Economía dispusiera indirectamente de esos recursos para sostener el objetivo oficial de mantener el déficit cero.

Para 2026, las planillas presupuestarias contemplan colocaciones financieras por unos $1,33 billones. De acuerdo con las estimaciones mencionadas en el informe, ese monto representa aproximadamente US$880 millones adicionales que podrían provenir de los excedentes acumulados en las cajas fiduciarias.

Si la tendencia continúa, las colocaciones financieras acumuladas podrían acercarse a los US$4.000 millones durante los primeros tres años de gestión.

Las obras que quedaron en el centro de la discusión

Uno de los sectores más afectados es la infraestructura vial. El antecedente más conocido es el SisVial, componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, cuya utilización de recursos ya había generado cuestionamientos por la baja ejecución de obras destinadas al mantenimiento y reparación de rutas.

La discusión adquiere especial importancia para provincias como Tucumán, que atraviesan problemas de infraestructura en las rutas nacionales.

De hecho, el ministro tucumano Marcelo Nazur cuestionó recientemente el destino de los recursos del SisVial y reclamó que la Nación utilice el dinero recaudado para mejorar las rutas que atraviesan la provincia.

Vivienda, agua y transporte, entre los sectores afectados

El problema no se limita a las rutas. De los 29 fideicomisos que continúan vigentes o se encuentran en proceso de liquidación, también existen fuertes restricciones en áreas como vivienda, infraestructura urbana y obras hídricas.

Uno de los casos más significativos es el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias registraron una caída del 94%.

La reducción de recursos tuvo como consecuencia la paralización de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda destinados a barrios populares.

Una situación similar se observa en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde los recursos colocados en instrumentos financieros superan ampliamente los montos destinados a la ejecución concreta de obras.

El argumento del Gobierno

Desde el Gobierno nacional defienden el manejo de estos recursos dentro de la estrategia fiscal. La administración sostiene que el objetivo prioritario es preservar el equilibrio de las cuentas públicas y evitar que el Estado vuelva a financiar sus gastos mediante emisión monetaria.

La discusión se centra, entonces, en el destino que deben tener los fondos: mientras el Ejecutivo utiliza parte de los excedentes para sostener el déficit cero, distintos sectores cuestionan que recursos creados específicamente para obras públicas permanezcan colocados en instrumentos financieros.

El debate también llegó al Congreso, donde legisladores reclaman explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, y exigen que se reactive la ejecución de obras viales.

La controversia pone nuevamente en discusión el alcance del ajuste fiscal, el destino de los recursos afectados y el estado de la infraestructura nacional, especialmente en provincias que dependen de las rutas nacionales para el transporte de producción, mercaderías y pasajeros.

Melconian cuestionó el rumbo económico

En paralelo, el economista Carlos Melconian advirtió que el Gobierno ingresó en una etapa compleja de su programa económico.

Según su análisis, la administración nacional enfrenta simultáneamente tres objetivos: bajar la inflación, reactivar la economía y acumular reservas.

Melconian consideró que los tres objetivos difícilmente puedan alcanzarse al mismo tiempo y sostuvo que el Gobierno deberá establecer prioridades.

El economista reconoció los avances en materia fiscal, pero cuestionó el escenario cambiario y la falta de reservas.

La discusión sobre los fideicomisos se suma así a uno de los principales debates económicos de la gestión: cómo mantener el superávit fiscal sin frenar la inversión necesaria para infraestructura, vivienda, transporte y obras públicas.

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