Benjamin EncinaEl Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó este miércoles a 12 años de prisión al excapitán de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Vega, al considerarlo partícipe necesario en la sustracción, retención y ocultamiento del nieto recuperado N.º 128, Marcos Eduardo Ramos, y de su hermano Elías Ismael Suleimán. Los hechos ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar y fueron considerados delitos de lesa humanidad.
La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por las juezas Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano, y el juez Federico Bothamley. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Pablo Camuña, había solicitado una pena de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, los magistrados establecieron una condena de 12 años y resolvieron que Vega continúe bajo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
Vega fue encontrado culpable por su participación necesaria en los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años, además de la alteración y supresión del estado civil de las víctimas. La resolución consideró estos hechos en concurso real de delitos.
La historia del nieto 128
El caso se remonta a 1976, cuando Marcos Eduardo Ramos tenía apenas cinco meses y fue secuestrado junto a su medio hermano Elías Ismael Suleimán, que tenía ocho años. Ambos fueron llevados por personal militar a una vivienda de Tafí Viejo, donde permanecían otros niños. Allí fueron separados y durante décadas no volvieron a encontrarse.
La madre de los hermanos, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT-ERP, había sido secuestrada por tercera vez a fines de noviembre o comienzos de diciembre de 1976 y permanece desaparecida.
Después de la separación, Elías fue trasladado a una vivienda de la capital tucumana, donde sufrió malos tratos y amenazas y se intentó suprimir su identidad. A los 8 años logró escapar y posteriormente pudo reencontrarse con su familia. En 1999 se presentó ante la CONADI y relató lo ocurrido con su madre y su hermano.
Marcos, en cambio, fue apropiado y su identidad fue modificada. Según la investigación, fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i’ Tabla”, un agente civil de Inteligencia vinculado al Destacamento de Inteligencia N.º 142. Fue inscripto falsamente como Marcelo Ariel Sánchez, con una fecha de nacimiento adulterada y como supuesto hijo biológico de Sánchez e Ilda Agustina Sánchez.
Marcos había recuperado su identidad en 2018, cuando los estudios genéticos permitieron confirmar su vínculo con su familia materna. Sin embargo, la reconstrucción de su identidad biológica se completó recién en junio de 2026, cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) confirmó su filiación paterna con Pastor Dante Campos, quien también permanece desaparecido.
Los análisis genéticos establecieron una compatibilidad del 99,99% entre Marcos y la muestra aportada por Ilda del Valle Campos, hermana de su padre biológico. De esta manera, quedó confirmado que Ramos es hijo de Pastor Dante Campos y Rosario del Carmen Ramos.
La restitución convirtió a Marcos en el nieto recuperado N.º 128 por Abuelas de Plaza de Mayo y permitió completar una búsqueda familiar que se había extendido durante casi cinco décadas.
Además de la condena, el tribunal hizo lugar al pedido de la Fiscalía para establecer una reparación integral para Marcos Ramos y Elías Suleimán. También solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que realice las gestiones necesarias para hacer efectivas las medidas reparatorias previstas por la legislación.
Los jueces dispusieron además garantizar la continuidad de los tratamientos psicológicos que requieran ambas víctimas.
En un tramo relevante del fallo, el tribunal sostuvo que la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del Estado argentino. Por ese motivo, recomendó fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la identidad.
Entre las instituciones cuya preservación y fortalecimiento fueron destacados se encuentran el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y los archivos documentales vinculados con la última dictadura.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 26 de agosto a las 14. La resolución representa un nuevo avance judicial en una causa de Memoria, Verdad y Justicia y tiene especial relevancia para Tucumán, donde se produjeron parte de los hechos investigados.
