Buscan frenar el sobreendeudamiento de los empleados públicos en Tucumán

El fuerte crecimiento del endeudamiento familiar encendió las alarmas en Tucumán y llevó a la Legislatura provincial a analizar un proyecto destinado a proteger los ingresos de los empleados públicos. La iniciativa busca establecer límites para los créditos que se cobran directamente de los salarios mediante el sistema conocido como descuento por planilla.

El planteo surge en un contexto de marcado aumento de la morosidad de los trabajadores con el sistema financiero, que actualmente alcanza el 12,8%, el nivel más elevado registrado desde 2001. Durante los últimos años, este indicador se había mantenido generalmente entre el 2% y el 4%.

La situación se profundiza al incorporar las deudas contraídas mediante fintech y billeteras virtuales. En ese segmento, el nivel de endeudamiento llega aproximadamente al 17% y alcanza a entre 7 y 8 millones de personas en todo el país.

El problema de los descuentos sobre el salario

El proyecto apunta específicamente a las entidades que utilizan el sistema administrativo de la Provincia para cobrar los préstamos directamente de los haberes. La propuesta no pretende regular las tasas del sistema financiero en general, una facultad que corresponde al ámbito nacional, sino establecer condiciones para quienes utilizan el mecanismo provincial de descuento automático.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es que existen casos de trabajadores cuyos créditos acumulan descuentos de tal magnitud que prácticamente no les queda salario disponible.

Los datos expuestos muestran una importante diferencia entre el costo del dinero y las tasas que terminan pagando algunos empleados. Mientras el costo mayorista del dinero ronda el 24% y las tasas de los plazos fijos se ubican cerca del 21%, los créditos descontados de los salarios pueden alcanzar una tasa efectiva anual del 115%.

Cuando el préstamo se extiende a dos años, la tasa puede llegar al 138%, mientras que en plazos mayores puede alcanzar hasta el 150% anual. Todo esto ocurre en un escenario en el que la inflación anual se ubica, según los datos presentados, entre el 33% y el 34%.

La propuesta del 30% del salario

Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer un límite del 30% del salario para la afectación de los haberes mediante este mecanismo.

Además, se propone que la tasa de los créditos otorgados a través del sistema de liquidación de haberes de la Provincia no supere en 10 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La iniciativa toma como referencia el Decreto 352/2026 del Gobierno nacional, que establece un límite del 30% para la afectación de los salarios en determinadas operaciones.

El esquema propuesto no impediría que una entidad financiera ofrezca préstamos con tasas superiores. En esos casos, el trabajador podría contratar el crédito, pero la entidad no podría utilizar el sistema provincial de descuento por planilla para cobrarlo directamente del salario.

También buscan abordar las deudas de tarjetas

El proyecto también plantea prestar especial atención a las tarjetas de crédito. El problema aparece cuando un trabajador entra en mora y comienza a pagar únicamente el monto mínimo, situación que puede generar un crecimiento acelerado de la deuda debido a la acumulación de intereses.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que el objetivo no es impedir el acceso al crédito. Por el contrario, consideran que los préstamos son una herramienta necesaria para que las familias puedan afrontar gastos, comprar bienes y realizar proyectos.

El problema, según explicaron, aparece cuando el crédito deja de funcionar como una herramienta de financiamiento y comienza a utilizarse para completar el salario mensual.

El proyecto está en comisión

La iniciativa fue presentada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, junto con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Gallia.

Actualmente, el proyecto se encuentra en comisión, por lo que todavía deberá ser analizado antes de avanzar hacia una eventual aprobación.

Además, ya se mantuvieron conversaciones con el vicegobernador Miguel Acevedo, quien estaría trabajando en el diálogo con representantes del sector financiero para evaluar alternativas frente al problema del sobreendeudamiento.

El debate se desarrolla en un contexto en el que cada vez más familias recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos. Para quienes impulsan la propuesta, la prioridad es evitar que los descuentos sobre los haberes terminen absorbiendo una parte excesiva de los ingresos y dejando a los trabajadores sin capacidad económica para afrontar sus necesidades básicas.

El objetivo final es establecer un sistema que permita acceder al crédito, pero que al mismo tiempo garantice que los empleados públicos conserven una parte suficiente de su salario disponible y no queden atrapados en un ciclo de endeudamiento creciente.