Benjamin EncinaEl caso del denominado “gendarme carancho” volvió a tomar relevancia luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso presentado por su defensa y dejara firme la realización de un juicio oral y público contra el comandante Juan López Torales.
El máximo tribunal desestimó el planteo que buscaba que la causa quedara cerrada por prescripción. De esta manera, quedó habilitado el debate oral en el que el efectivo deberá responder por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y falso testimonio. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La historia se remonta al 1 de julio de 2014, durante una protesta de trabajadores de la empresa autopartista Lear sobre la Autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Tigre.
En medio del corte, López Torales tomó carrera y se arrojó sobre el capó de un Chevrolet que circulaba a baja velocidad. El vehículo era conducido por el manifestante Cristian Romero.
La escena quedó registrada por las cámaras de televisión que se encontraban cubriendo la protesta. Las imágenes mostraron el momento en que el efectivo simuló haber sido embestido, una maniobra que posteriormente le valió el apodo de “gendarme carancho”.
Después de la maniobra, otros integrantes de Gendarmería rodearon el automóvil, redujeron al conductor y lo detuvieron. La versión inicial sostenida por el efectivo fue que había sido atropellado por el vehículo.
Sin embargo, esa explicación fue cuestionada por las imágenes registradas durante la protesta. En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales luego de considerar que la hipótesis del atropello no se correspondía con lo ocurrido.
La investigación judicial sostiene que la supuesta embestida fue utilizada para justificar la detención de Cristian Romero, quien terminó reducido por los efectivos que se encontraban en el lugar.
La causa también avanzó sobre la declaración posterior del comandante, ya que la Justicia le atribuye haber sostenido una versión falsa sobre las circunstancias en las que habría sido atropellado.
Por esos hechos, López Torales quedó acusado de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y falso testimonio.
Con el fallo de la Corte Suprema, la defensa agotó la vía recursiva que buscaba evitar el juicio por el paso del tiempo. Ahora será el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín el encargado de fijar la fecha para el inicio del debate.
El expediente también alcanzó durante la investigación a otros funcionarios, entre ellos el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y el coronel Roberto Galeano, mencionado en relación con el operativo desarrollado durante la protesta.
El caso, que se convirtió en uno de los episodios más recordados de aquella protesta por las imágenes difundidas en televisión, llegará finalmente a una instancia de juicio oral, más de doce años después de los hechos ocurridos en la Autopista Panamericana.
