Benjamin EncinaUn médico oriundo de Tucumán, identificado como Heredia, continuará detenido mientras avanza la investigación por la muerte de Jonathan Romano, un joven que recibió un disparo durante la madrugada del 27 de julio en el barrio Adela de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. La Justicia santiagueña resolvió imputarlo por homicidio simple y portación ilegítima de arma de fuego, y rechazó por el momento la hipótesis de legítima defensa planteada por su defensa.
Según la investigación, Heredia circulaba en su vehículo junto a su amiga Malena Pérez cuando Romano se aproximó al automóvil. En esas circunstancias, el médico efectuó un disparo que terminó provocando la muerte del joven.
Uno de los elementos centrales de la causa es una cámara de seguridad que registró parte de la secuencia. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Romano corrió detrás del vehículo, que luego se detuvo. La víctima se ubicó junto a la puerta del conductor y, pocos segundos después, cayó al suelo. El médico se retiró del lugar y recién cuatro días después se presentó ante la Justicia.
La defensa, representada por los abogados Patricio Fresia y José María Molina, sostiene que el profesional actuó para repeler un intento de robo. Según esa versión, Romano habría realizado un movimiento hacia su cintura que hizo pensar al médico que estaba por extraer un arma.
La reconstrucción defensiva cuenta con el respaldo de Malena Pérez, quien acompañaba al acusado aquella noche y además es vecina de la víctima. También se incorporaron informes que indicarían que Romano habría intentado asaltar a otros conductores en la zona horas antes del episodio.
Sin embargo, la Fiscalía, a cargo de Gustavo Montenegro, y la instructora Juliana Medina sostienen una hipótesis diferente. Para los investigadores, no se encontró ningún arma en poder de Romano y el médico habría tenido otras alternativas antes de efectuar el disparo, como continuar su marcha y abandonar el lugar.
La acusación también pone el foco en la conducta posterior del profesional: no avisó inmediatamente a la Policía y permaneció cuatro días sin presentarse ante la Justicia. Para la fiscalía, estos elementos deben ser considerados al analizar lo ocurrido y la conducta del acusado después del hecho.
El abogado querellante José López cuestionó la versión defensiva y sostuvo que, según la teoría de la querella, el disparo tuvo como finalidad provocar la muerte de Jonathan. También puso en duda que toda la secuencia descripta por la defensa pudiera haberse desarrollado en apenas unos segundos.
Karina Cajal, madre de la víctima, rechazó públicamente la acusación contra su hijo y negó que fuera un delincuente. En declaraciones recogidas por medios santiagueños, cuestionó especialmente el testimonio que sostiene la hipótesis del intento de robo.
La mujer también señaló que, después del hecho, el médico habría continuado con sus actividades habituales y sostuvo que llegó a presentarse a trabajar en una moto. Sus declaraciones forman parte del contexto que rodea la investigación judicial.
Además del homicidio, la fiscalía sumó un segundo cargo: portación ilegítima de arma de fuego.
De acuerdo con la investigación, el arma estaba registrada a nombre del médico, pero el acusado contaba con el carnet de legítimo usuario, aunque no tenía la autorización necesaria para portar el arma.
La defensa planteó, frente a esta acusación, que la pistola tenía una falla mecánica y que al momento del hecho no llevaba el cargador colocado. La fiscalía dispuso una pericia técnica para determinar si esa explicación se corresponde con el estado real del arma.
Mientras continúan las medidas judiciales, el médico tucumano permanecerá detenido y la Justicia deberá avanzar sobre las distintas versiones para determinar qué ocurrió durante aquella madrugada en Termas de Río Hondo.
La causa tendrá como elementos centrales las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios de quienes estuvieron vinculados al episodio, las pericias sobre el arma y la reconstrucción de los segundos previos al disparo. Por el momento, la imputación es provisoria y la investigación continuará antes de que la Justicia determine la responsabilidad penal del acusado.
