Benjamin EncinaUna polémica decisión judicial generó un fuerte enfrentamiento entre la Justicia y el Gobierno de Chubut. El juez Nieto de Ibáñez ordenó al Ejecutivo provincial modificar el menú de las unidades penitenciarias y volver a incluir carne roja en la alimentación de las personas privadas de la libertad.
La resolución surgió a partir de un reclamo presentado mediante un hábeas corpus y estableció un plazo de 72 horas para que la Provincia reincorpore los cortes de carne al menú de las cárceles.
El gobernador Ignacio Torres reaccionó con dureza contra la decisión judicial y confirmó que el Gobierno provincial apelará el fallo. Además, anticipó que se analiza impulsar un juicio político (jury) contra el magistrado por distintas resoluciones que, según su interpretación, habrían dificultado las políticas de seguridad penitenciaria.
Torres cuestionó especialmente que la decisión relacionada con la alimentación no estuviera fundada, según sostuvo, en una necesidad médica de los detenidos. El mandatario calificó el planteo como una exigencia vinculada a la posibilidad de consumir carne y cuestionó que la Justicia intervenga de esa manera sobre el menú penitenciario.
El gobernador también recordó otros antecedentes que atribuyó al mismo juez. Entre ellos mencionó una autorización para que un detenido considerado de alta peligrosidad pudiera asistir a terapia de manera presencial, situación que posteriormente, según afirmó Torres, derivó en un intento de fuga.
Además, cuestionó las objeciones del magistrado frente a las medidas destinadas a restringir el uso de teléfonos celulares en las cárceles, una política que el Gobierno considera necesaria para fortalecer la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.
Para Torres, estas decisiones responden a una postura judicial que, a su entender, prioriza los derechos de los detenidos por encima de las necesidades de seguridad de la población.
La controversia abrió así una discusión más amplia sobre los límites entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, especialmente respecto de las condiciones de alojamiento, alimentación y tratamiento de las personas privadas de su libertad.
Mientras la Provincia prepara la apelación, también analiza avanzar con el pedido de jury contra el magistrado. La resolución judicial, por su parte, mantiene vigente el plazo de 72 horas para modificar el menú de los establecimientos penitenciarios.
El caso generó repercusión política a nivel nacional y volvió a poner en el centro del debate la discusión sobre el régimen penitenciario, las condiciones de las cárceles y el equilibrio entre los derechos de las personas detenidas y las políticas de seguridad impulsadas por los gobiernos provinciales.
