Zonas Cálidas: el Gobierno aplicará el beneficio por resolución y descarta convertirlo en ley

El nuevo esquema subsidiará más consumo eléctrico durante los meses de calor, pero Nación descartó darle carácter permanente mediante una ley.
Nacionales24 de agosto de 2026Benjamin EncinaBenjamin Encina

El Gobierno nacional confirmó que el nuevo beneficio para las denominadas Zonas Cálidas será instrumentado mediante una resolución y descartó, al menos por ahora, enviar un proyecto al Congreso para convertirlo en un régimen permanente.

La definición se conoció luego del acuerdo alcanzado entre Nación y los gobernadores del Norte Grande, que contempla una ampliación del consumo eléctrico subsidiado durante los meses de mayores temperaturas. El esquema comenzaría a aplicarse entre noviembre y abril, es decir, durante el período de mayor demanda energética por las altas temperaturas.

Según el acuerdo, en las zonas consideradas “muy cálidas”, el bloque de consumo alcanzado por el beneficio pasaría de 300 a 550 kWh, mientras que en las denominadas “zonas cálidas” aumentaría de 150 a 300 kWh.

La medida representa un incremento significativo en el volumen de electricidad que podrá recibir el subsidio durante el verano y fue uno de los principales reclamos planteados por los mandatarios provinciales del Norte Grande ante el Gobierno nacional.

La negociación fue encabezada por Luis Caputo y Diego Santilli, junto con los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Leandro Zdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy y Juan Pablo Valdés de Corrientes, además de representantes técnicos de las diez provincias que integran el Norte Grande.

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Sin embargo, mientras algunos gobernadores reclamaban una garantía jurídica que asegurara la continuidad del beneficio, desde la Casa Rosada aclararon que no está previsto avanzar posteriormente con una ley específica. El objetivo oficial es que el esquema sea establecido mediante una resolución administrativa.

En Tucumán, la medida genera especial expectativa debido a las altas temperaturas que se registran durante los meses de verano y al fuerte incremento del consumo eléctrico provocado por el uso de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración.

El acuerdo también se encuentra relacionado con otra discusión que el Gobierno mantiene en el Congreso: la reforma del régimen de Zonas Frías. El oficialismo busca modificar el sistema vigente y concentrar el beneficio automático en regiones históricamente alcanzadas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, además de focalizar la asistencia en hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad.

El proyecto de modificación de Zonas Frías obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de mayo y ahora debe ser tratado por el Senado.

Durante el debate legislativo se estimó que la eliminación de parte de los beneficios de Zonas Frías podría representar un ahorro cercano a $272.000 millones anuales para el Estado. Al mismo tiempo, el nuevo régimen para las Zonas Cálidas implicaría un gasto adicional para Nación estimado entre US$71 millones y US$95 millones por año.

Desde el Gobierno consideran que el acuerdo con los gobernadores del Norte Grande puede facilitar la negociación política en el Senado para avanzar con la reforma de Zonas Frías. No obstante, todavía no existe una fecha definida para llevar el proyecto al recinto.

La discusión será especialmente importante para las provincias que actualmente cuentan con sectores alcanzados por el régimen de Zonas Frías, como Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Neuquén, cuyos representantes mantienen reparos frente a la modificación propuesta.

Para Tucumán, el nuevo esquema de Zonas Cálidas podría representar un alivio para los usuarios durante los meses de mayor consumo. El principal punto pendiente, sin embargo, es la duración del beneficio, ya que el Gobierno nacional descartó por ahora transformarlo en una política permanente mediante una ley.

La aplicación mediante resolución permitirá que el esquema pueda comenzar a regir durante el próximo período de altas temperaturas, pero también mantiene abierto el debate sobre las garantías de continuidad que reclaman las provincias del Norte Grande.

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