Benjamin EncinaEl Gobierno nacional oficializó la creación de un nuevo programa destinado a detectar y bloquear celulares utilizados dentro de las cárceles provinciales, con el objetivo de impedir que las personas detenidas puedan utilizar dispositivos móviles para coordinar delitos desde los establecimientos penitenciarios.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial. El programa establece un mecanismo federal al que podrán adherir de manera voluntaria las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la firma de un convenio específico.
El sistema permitirá identificar los dispositivos móviles que sean activados dentro de las áreas de detención o sectores de acceso restringido de los establecimientos penitenciarios. Una vez detectados, se podrán bloquear tres elementos asociados al teléfono: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, relacionado con la tarjeta SIM; y la línea telefónica vinculada.
La medida busca evitar que los internos puedan continuar utilizando un teléfono para impartir órdenes, coordinar maniobras ilícitas o mantener comunicaciones con organizaciones criminales desde el interior de una cárcel. El bloqueo de los distintos identificadores también apunta a impedir que el dispositivo pueda seguir utilizándose simplemente mediante el cambio de tarjeta SIM.
La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal, que trabajará junto con las jurisdicciones que decidan adherir al programa. Para ello, el Gobierno aprobó un modelo de convenio de adhesión que deberán suscribir las provincias interesadas.
Un punto importante es que las provincias no podrán solicitar directamente a las empresas de telefonía el bloqueo. Los pedidos deberán ser canalizados a través del Ministerio de Seguridad Nacional, que funcionará como una ventanilla única ante las compañías prestadoras. Este mecanismo ya había sido establecido por la Resolución 734/2026 del ENACOM, publicada el 13 de agosto.
El procedimiento establece que el organismo provincial encargado del sistema penitenciario deberá identificar los dispositivos detectados dentro de las zonas restringidas y reportar sus datos al sistema federal. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Nacional trasladará formalmente la solicitud a las empresas de telecomunicaciones.
Las operadoras telefónicas tendrán un plazo máximo de 48 horas para ejecutar el bloqueo una vez recibida la solicitud formal y deberán confirmar que la inhabilitación fue realizada.
El protocolo también establece que el Servicio Penitenciario Provincial deberá realizar un monitoreo remoto de los equipos utilizados para detectar los teléfonos y comunicar de manera inmediata cualquier inconveniente o incidente relacionado con el sistema.
Además, cada provincia que adhiera deberá cargar diariamente en un servidor habilitado por el Ministerio los archivos correspondientes a los dispositivos detectados. La información deberá presentarse en formato CSV, organizada según la empresa prestadora del servicio.
El esquema contempla cinco prestadoras y establece el envío de dos archivos por cada compañía: uno correspondiente a los IMSI detectados y otro a los IMEI. Los reportes deberán utilizar una nomenclatura estandarizada que incluya la operadora y la fecha de cada registro.
La normativa también contempla excepciones para determinados sectores de guarda de dispositivos destinados a personal penitenciario autorizado, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares. Estos espacios deberán ubicarse fuera de las zonas alcanzadas por el sistema de detección.
Otro de los requisitos establecidos es la realización de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del procedimiento. La información vinculada con los bloqueos de IMEI e IMSI deberá ser tratada bajo estrictas normas de confidencialidad.
El programa amplía a las cárceles provinciales un mecanismo que ya había comenzado a aplicarse en el Servicio Penitenciario Federal. En abril de 2026, mediante la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional había autorizado la implementación de sistemas de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en establecimientos penitenciarios federales.
La iniciativa se apoya además en la Ley 24.660, que establece la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios, y en las normas dictadas posteriormente por el ENACOM para establecer el mecanismo técnico que permite concretar las inhabilitaciones.
El objetivo declarado por el Gobierno es avanzar hacia un criterio común en todo el país para impedir que las cárceles sean utilizadas como lugares desde donde se puedan continuar organizando actividades delictivas.
La adhesión, sin embargo, será voluntaria. Cada jurisdicción que decida incorporar el sistema deberá afrontar los costos relacionados con la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los dispositivos de detección y bloqueo.
Con la nueva resolución, Nación busca extender este mecanismo a las cárceles de todo el país y reforzar el control sobre las comunicaciones móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.
