Benjamin EncinaLa situación del PAMI genera una creciente preocupación entre jubilados, familiares y prestadores médicos debido a diferentes conflictos registrados durante las últimas semanas relacionados con servicios, medicamentos, pagos y continuidad de determinadas prestaciones.
Durante la segunda mitad de agosto y los primeros días de septiembre aparecieron reclamos en distintas provincias del país, lo que volvió a poner bajo discusión el funcionamiento de la obra social que atiende a millones de jubilados y pensionados.
Uno de los casos que generó mayor repercusión se produjo en Neuquén, donde dirigentes provinciales denunciaron que existiría una deuda cercana a los $1.500 millones con clínicas y prestadores.
La situación motivó una presentación política para exigir respuestas al Gobierno nacional sobre las dificultades existentes en la cobertura.
Los prestadores vienen advirtiendo sobre el incremento de los costos relacionados con salarios, medicamentos, insumos médicos, mantenimiento y servicios.
Cuando los pagos no acompañan esos aumentos, clínicas y centros especializados advierten que se vuelve más difícil mantener normalmente las prestaciones.
Las dificultades generaron además movilizaciones de afiliados.
En el norte de Santa Cruz, jubilados realizaron una protesta para reclamar respuestas por problemas en el funcionamiento de PAMI y denunciaron dificultades para conseguir determinadas prestaciones.
La preocupación aumenta porque una parte importante de los afiliados necesita tratamientos permanentes.
Una interrupción puede afectar consultas, estudios, medicamentos, tratamientos y diferentes servicios médicos.
La situación también llegó a ámbitos legislativos.
Se presentaron iniciativas para solicitar información sobre las deficiencias denunciadas y exigir respuestas respecto de la cobertura médica brindada a los afiliados.
PAMI había recibido anteriormente asistencia extraordinaria del Tesoro Nacional para atender necesidades financieras y de liquidez.
Ahora el desafío será garantizar que las dificultades económicas y administrativas no terminen repercutiendo directamente sobre quienes necesitan atención.
Los reclamos registrados en diferentes puntos del país mantienen encendida una señal de alerta alrededor de una institución fundamental para millones de adultos mayores.
