Benjamin EncinaDesde este sábado 5 de septiembre comenzará a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce un cambio de fuerte impacto para todo el sistema judicial: los adolescentes podrán ser considerados penalmente responsables a partir de los 14 años.
La modificación alcanza también a Tucumán, donde deberán intervenir diferentes organismos provinciales para adecuar procedimientos, lugares de alojamiento y mecanismos de seguimiento destinados a los adolescentes involucrados en causas penales.
Hasta ahora, el régimen vigente establecía la no punibilidad de los menores de 16 años.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, ese límite baja a 14 años, permitiendo que adolescentes de entre 14 y 18 puedan ser sometidos a procesos penales cuando sean acusados de delitos contemplados por la legislación.
Esto no significa, sin embargo, que todos los adolescentes acusados de cometer un delito vayan automáticamente a prisión.
El nuevo régimen establece diferentes respuestas según las características y gravedad del hecho.
Entre las herramientas contempladas aparecen la reparación del daño, reglas de conducta, restricciones de acercamiento, actividades educativas o comunitarias y sistemas de monitoreo electrónico.
También se incorpora la posibilidad de contar con un supervisor especializado encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de determinadas medidas.
La privación de la libertad queda prevista para los casos en los que corresponda según la gravedad del delito y la decisión judicial.
Cuando un adolescente deba permanecer detenido, tendrá que hacerlo en un establecimiento especializado y completamente separado de las personas adultas.
Otro de los cambios importantes establece límites específicos para las condenas aplicadas a menores.
El nuevo régimen prohíbe las penas de prisión o reclusión perpetua para adolescentes y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad.
Además, bajo determinadas condiciones, podrá existir la posibilidad de acceder a la libertad condicional después de cumplir dos tercios de la pena.
La implementación representa un desafío particular para las provincias porque no alcanza solamente con modificar la edad desde la cual una persona puede responder penalmente.
Será necesario contar con jueces, fiscales, defensores, equipos interdisciplinarios, dispositivos de supervisión y establecimientos adecuados para trabajar específicamente con adolescentes. Especialistas ya advirtieron a nivel nacional que la efectividad del nuevo esquema dependerá de la capacidad estatal para aplicar realmente esas herramientas.
En Tucumán, según la información difundida este viernes, los tres poderes del Estado trabajan en la adaptación necesaria para la puesta en funcionamiento del régimen.
La nueva legislación también introduce modificaciones respecto del lugar que tendrán las víctimas dentro del proceso.
Podrán participar y recibir información sobre el avance de las actuaciones, mientras que los padres o responsables civiles del adolescente podrán tener que responder económicamente por los daños derivados de los delitos, de acuerdo con las condiciones previstas por el régimen.
Desde este sábado comenzará así una nueva etapa para la Justicia Penal Juvenil argentina. En Tucumán, el principal desafío será trasladar la reforma legal a la práctica y garantizar que exista una estructura especializada capaz de intervenir tanto en los delitos graves como en aquellos casos donde correspondan medidas alternativas a la prisión.
