Benjamin EncinaEl Gobierno nacional reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido mediante la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 cuando sean imputados por hechos considerados delitos.
La reglamentación fue publicada este lunes mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, y designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para los procesos correspondientes al ámbito nacional y federal.
Es importante aclarar que el decreto no fue el que redujo la edad de imputabilidad.
La edad mínima de 14 años había sido establecida previamente por el Congreso al aprobar la ley. El decreto publicado ahora determina diferentes mecanismos necesarios para ponerla en funcionamiento.
El nuevo régimen establece diferentes respuestas posibles frente a un delito cometido por una persona menor de 18 años.
Entre las alternativas aparecen amonestaciones, restricciones de circulación o contacto, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño.
También existen penas privativas de la libertad para determinados delitos y circunstancias.
Sin embargo, la normativa prohíbe expresamente las penas de prisión o reclusión perpetua para adolescentes.
La condena máxima contemplada por el régimen es de 15 años de prisión.
Uno de los ejes principales de la reglamentación será la incorporación del denominado supervisor especializado.
Ese profesional tendrá la responsabilidad de seguir, acompañar y controlar la situación del adolescente cuando un juez determine determinadas medidas o sanciones.
Entre sus funciones estará mantener entrevistas semanales, elaborar informes mensuales sobre la evolución del joven y trabajar coordinadamente con profesionales de diferentes áreas.
Para organizar este sistema, el Gobierno creó el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia.
Los datos incluidos allí tendrán carácter reservado.
La reglamentación también creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil.
El organismo estará integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
Su tarea será coordinar políticas vinculadas con prevención, tratamiento, reinserción y ejecución de determinadas medidas dentro del nuevo régimen.
Paralelamente funcionará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a articular el trabajo con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro de los aspectos destacados es la incorporación de herramientas específicas destinadas a las personas afectadas por los delitos.
La normativa contempla asistencia especializada, información sobre los procesos y mecanismos de acompañamiento jurídico.
Además, deberán realizarse capacitaciones destinadas a jueces, fiscales, defensores y otros operadores que intervengan en procesos relacionados con adolescentes.
El sistema comenzó a regir el sábado 5 de septiembre y representa una modificación profunda del esquema penal juvenil que permanecía vigente en Argentina desde hace décadas.
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