Benjamin EncinaTucumán puso en funcionamiento un nuevo ámbito institucional destinado a reunir diferentes áreas del Estado, la Justicia, la Universidad y organizaciones de derechos humanos alrededor de una agenda común. Este martes quedó formalmente constituida la Comisión Especial para la Preservación de la Memoria, creada por la Presidencia de la Legislatura provincial.
El organismo tendrá como eje el abordaje de los hechos vinculados con el terrorismo de Estado en Tucumán y buscará sostener acciones de preservación, investigación y difusión de la memoria histórica sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la provincia.
La conformación tiene una característica central: no dependerá exclusivamente de un área gubernamental.
Dentro de la comisión tendrán representación el Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Ente Cultural, la Universidad Nacional de Tucumán, el Poder Judicial y organizaciones dedicadas a los derechos humanos. La intención es que instituciones con funciones y experiencias diferentes puedan trabajar dentro de una misma estructura.
La primera reunión permitió avanzar también sobre la conducción del nuevo organismo.
El legislador Gabriel Yedlin fue elegido presidente, mientras que Daniel Posse, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ocupará la vicepresidencia. La secretaría quedará en manos de representantes de los organismos de derechos humanos que forman parte de la comisión.
Además de elegir autoridades, durante el encuentro comenzó a ponerse a consideración un reglamento destinado a ordenar el funcionamiento interno.
Yedlin explicó que esa fue precisamente una de las primeras tareas realizadas y planteó que el objetivo será construir un ámbito capaz de articular las distintas iniciativas públicas relacionadas con Verdad, Memoria y Justicia.
La comisión tendrá por delante una agenda que no se limitará a la conservación de documentación histórica.
Entre sus propósitos aparecen la generación de actividades, el impulso de investigaciones y la difusión de información relacionada con las violaciones a los derechos humanos. La participación simultánea de instituciones educativas, académicas, judiciales y gubernamentales permitirá abordar esas tareas desde diferentes áreas.
Uno de los sectores que destacó la creación del espacio fue el de las organizaciones de derechos humanos.
Raquel Estela Zurita, representante de la Fundación Memoria e Identidades de Tucumán, señaló que la institucionalización permite otorgar un marco formal a un reclamo que estas organizaciones venían sosteniendo desde hacía tiempo.
Zurita puso especialmente el foco en las generaciones más jóvenes. Según explicó, uno de los propósitos será aportar propuestas y actividades que permitan transmitir lo ocurrido y contribuir a la formación dentro del sistema democrático.
Ese componente educativo será uno de los puntos que podrá desarrollar la comisión debido a la participación del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional de Tucumán.
La UNT estará representada dentro del nuevo espacio y anticipó que pretende mantener una participación activa.
El secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad, Santiago Bliss, expresó la intención de renovar el compromiso institucional con estas políticas y aportar los recursos que estén al alcance de la casa de estudios para mantener la temática dentro de una agenda permanente.
La presencia de la Universidad puede sumar además herramientas académicas para la conservación documental, producción de investigaciones, recuperación de testimonios y transmisión del conocimiento histórico, de acuerdo con las acciones que finalmente establezca el reglamento y la agenda de trabajo.
El Poder Judicial también tendrá intervención mediante su representación dentro del organismo. La designación de Posse como vicepresidente refuerza precisamente la integración de ese poder del Estado dentro de la estructura.
Con las autoridades ya definidas, el próximo paso será terminar de organizar las reglas internas y avanzar sobre un programa concreto de actividades y proyectos.
La creación de la comisión busca que las políticas vinculadas con la memoria histórica no funcionen como iniciativas aisladas entre diferentes organismos. El objetivo planteado es generar una instancia donde esas acciones puedan coordinarse y sostenerse institucionalmente en el tiempo.
De esta manera, Tucumán incorpora un ámbito específico en el que organismos estatales, representantes judiciales, la Universidad y entidades de derechos humanos podrán trabajar conjuntamente sobre documentación, investigación, educación y transmisión histórica.
Con su primera reunión y la designación de autoridades, la Comisión Especial para la Preservación de la Memoria quedó formalmente en funcionamiento. Ahora deberá transformar esa integración institucional en una agenda de acciones permanentes dentro de la provincia.
