Benjamin EncinaLa investigación judicial sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia sumó una medida relevante. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y autorizó una batería de diligencias destinadas a reconstruir sus bienes, ingresos, movimientos económicos y nivel de consumo. La medida se desarrolla dentro de una causa por presunto enriquecimiento ilícito relacionada con su desempeño como funcionario de la CEAMSE y no implica una determinación de culpabilidad.
Lijo hizo lugar a 20 medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien había impulsado formalmente la investigación días atrás. La decisión permitirá acceder a información que hasta ahora estaba protegida por diferentes regímenes de confidencialidad y solicitar datos a organismos públicos, entidades financieras y otras instituciones que puedan aportar elementos para reconstruir la evolución económica del dirigente.
La investigación abarca cuentas bancarias, declaraciones juradas, propiedades, bienes registrables, movimientos financieros y consumos. El levantamiento alcanza no solamente al secreto bancario y fiscal, sino también a información protegida por normas relacionadas con el mercado de capitales y la prevención del lavado de activos, en los casos en que resulte necesario para las diligencias dispuestas por el juzgado.
El expediente se originó a partir de una denuncia sobre la evolución patrimonial de Tapia. Según la presentación que dio lugar a la investigación, habría existido un incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, circunstancia que ahora deberá ser verificada mediante documentación oficial. Esa cifra corresponde a la hipótesis presentada en la denuncia y no constituye un hecho probado judicialmente.
La causa está vinculada específicamente con el período en el que Tapia ejerció funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La investigación judicial deberá determinar si la evolución de su patrimonio resulta compatible con los ingresos declarados y si existe documentación suficiente para explicar las variaciones detectadas durante el período bajo análisis.
Pollicita había considerado que el acceso a la información protegida era necesario para avanzar. En su requerimiento sostuvo que las características de los hechos denunciados justificaban adoptar medidas para obtener documentación económica y financiera. Lijo aceptó ahora ese planteo y habilitó las diligencias solicitadas, lo que permitirá que los investigadores crucen los datos provenientes de diferentes organismos.
La apertura de información fiscal y bancaria no equivale a una condena ni demuestra por sí misma la existencia de enriquecimiento ilícito. Se trata de una medida de investigación destinada a reunir evidencia, que posteriormente deberá ser analizada por la Fiscalía y el juzgado. Tapia conserva la presunción de inocencia mientras avanza el expediente.
La nueva etapa estará concentrada en determinar qué bienes posee, cómo evolucionaron sus ingresos, cuáles fueron sus movimientos financieros y si existe correspondencia entre el patrimonio registrado y los recursos declarados. Con las 20 medidas autorizadas por Lijo, la causa entra así en una fase de recopilación documental que será central para establecer si existen elementos para profundizar la investigación o adoptar nuevas decisiones procesales.
