Benjamin EncinaEl Gobierno nacional avanzó con una nueva medida vinculada con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y presentó ante el Congreso un proyecto destinado a ampliar las sanciones contra compañías que participen directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas en las aguas cuya soberanía reclama Argentina. La propuesta busca reforzar la Ley 26.659 y extender las consecuencias no solamente sobre las petroleras involucradas en exploración o explotación, sino también sobre otros actores vinculados con esas operaciones.
La legislación vigente establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requiere autorización del Estado nacional. También prohíbe participar, contratar o prestar determinados servicios a compañías que desarrollen operaciones sin ese permiso. Aunque la norma no menciona únicamente a las Malvinas, fue sancionada en 2011 en el contexto de las actividades hidrocarburíferas impulsadas bajo autorización británica en zonas cuya soberanía es objeto de disputa.
El proyecto pretende ahora extender el alcance de las sanciones hacia proveedores, accionistas y directores de las compañías involucradas, reforzando la capacidad del Estado argentino para actuar frente a empresas que intervengan en proyectos que Buenos Aires considera no autorizados. El objetivo es abarcar no solamente a quienes realizan directamente la explotación, sino también a personas físicas o jurídicas que participen financieramente, comercialmente o mediante servicios relacionados con esas operaciones.
La normativa actual ya contempla consecuencias importantes. Las personas o empresas que incumplan sus disposiciones pueden recibir inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, perder beneficios impositivos o previsionales y quedar impedidas de contratar con organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. También está prevista, en determinadas circunstancias, la reversión de concesiones hidrocarburíferas hacia el Estado nacional o las provincias.
El régimen cuenta además con sanciones penales incorporadas posteriormente mediante la Ley 26.915. La exploración no autorizada de hidrocarburos en el lecho o subsuelo del mar territorial o de la plataforma continental puede ser castigada con penas de cinco a diez años de prisión, además de multas. Para actividades de extracción, transporte o almacenamiento, las penas previstas pueden ubicarse entre diez y quince años, mientras que las personas jurídicas pueden enfrentar multas, suspensión de actividades y hasta la cancelación de su personería.
La iniciativa legislativa forma parte de un conjunto más amplio de medidas adoptadas recientemente por el Ejecutivo. Mediante el Decreto 868/2026, el Gobierno modificó el esquema de aplicación de la Ley 26.659 y trasladó esa responsabilidad desde la Secretaría de Energía hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, colocando a Cancillería en el centro del procedimiento administrativo relacionado con las operaciones cuestionadas.
El decreto también establece que los organismos nacionales deberán informar a Cancillería sobre posibles infracciones y determina un plazo de diez días hábiles para que los presuntos responsables presenten sus descargos y ofrezcan pruebas. Además, las empresas que pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o tramitar determinados permisos y concesiones hidrocarburíferas deberán presentar una declaración jurada relacionada con el cumplimiento de estas disposiciones.
La propuesta llega mientras la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar destacado dentro de la agenda diplomática argentina. El Gobierno mantiene el reclamo de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras el Reino Unido administra las islas y sostiene una posición diferente sobre su estatus. En paralelo, Argentina continúa cuestionando las actividades económicas autorizadas unilateralmente por Londres en las áreas en disputa.
El endurecimiento de las sanciones todavía necesita la aprobación del Congreso para convertirse en ley. Por el momento, continúan vigentes las penalidades contempladas en la normativa actual y las modificaciones administrativas introducidas por decreto. Diputados y senadores deberán definir ahora si amplían el universo de personas y empresas alcanzadas por las consecuencias previstas para operaciones hidrocarburíferas que no cuenten con autorización argentina.
