Las universidades reclaman casi $4 billones más para funcionar durante 2027

La discusión por el financiamiento universitario volvió al centro del debate nacional después de la presentación del Presupuesto 2027. El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso contempla aproximadamente $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que el sistema necesitará alrededor de $11 billones para afrontar sus obligaciones durante el próximo año. La diferencia entre ambas estimaciones se aproxima así a los $4 billones.

La cifra solicitada por las universidades no contempla únicamente los gastos cotidianos de las facultades. El cálculo elaborado por el CIN incluye salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y diferentes programas académicos, entre otros componentes necesarios para sostener el sistema público de educación superior. Las autoridades universitarias llevaron esa planificación al Congreso para intentar que sea incorporada durante el tratamiento del proyecto oficial.

La diferencia nominal entre ambas propuestas es de aproximadamente $3,7 billones, aunque diferentes representantes universitarios la sintetizaron públicamente como una brecha cercana a $4 billones. El proyecto oficial prevé unos $7,34 billones, mientras el pedido realizado por el sistema universitario ronda los $11 billones. En términos relativos, los recursos contemplados por el Ejecutivo se ubican alrededor de un tercio por debajo de la solicitud presentada por los rectores.

El reclamo llegó directamente al Congreso. Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional presentaron su propuesta ante diputados y senadores y explicaron los cálculos utilizados para determinar las necesidades presupuestarias de 2027. Entre los representantes del organismo se encuentra su presidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto con otras autoridades del sistema público universitario.

La comparación con el presupuesto actualmente vigente permite dimensionar también el incremento nominal planteado para el próximo ejercicio. La Ley de Presupuesto 2026 fijó un crédito de $4.785.117 millones para financiar gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Para 2027, el proyecto eleva nominalmente los recursos, aunque las casas de estudio sostienen que el monto propuesto continúa por debajo de sus necesidades reales.

El debate se desarrolla además en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario. Los rectores reclaman su cumplimiento y advierten que la discusión no se limita a mantener abiertos los edificios universitarios, sino que involucra salarios, investigación, extensión, becas estudiantiles, infraestructura y funcionamiento académico. Las instituciones pretenden que esos componentes sean considerados cuando los legisladores comiencen a discutir las partidas correspondientes.

La situación tiene un impacto particular en Tucumán. El rector de la UNT, Sergio Mohamed, señaló que el análisis realizado por la institución muestra una diferencia cercana a $3.000 millones para la Universidad Nacional de Tucumán respecto de los recursos que considera necesarios. Mohamed comenzó a mantener conversaciones con representantes tucumanos en el Congreso para plantear la situación durante la discusión presupuestaria.

Por ahora, ninguna de estas cifras constituye el presupuesto universitario definitivo para 2027. El proyecto del Ejecutivo todavía debe atravesar el tratamiento parlamentario, donde los legisladores pueden introducir cambios sobre las partidas originales. De esta manera, los aproximadamente $7,3 billones representan la propuesta inicial del Gobierno, mientras los $11 billones corresponden al cálculo presentado por las universidades sobre los recursos que consideran necesarios.

Las próximas semanas serán decisivas para determinar cuánto dinero terminará recibiendo efectivamente el sistema. La negociación se concentrará en reducir la brecha cercana a $4 billones que separa ambas propuestas, mientras cada universidad también analiza cómo impactaría el esquema nacional sobre sus propias cuentas y funcionamiento durante 2027.