Benjamin EncinaLa causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur, avanzará finalmente hacia el juicio oral y público. La decisión fue adoptada este jueves 17 de septiembre después de cuatro jornadas de audiencia de control de acusación y admisibilidad de pruebas, en las que la Justicia autorizó que el expediente ingrese en su etapa de debate. Felipe Sosa, señalado por el Ministerio Público Fiscal como autor del femicidio, llegará al proceso con un pedido anticipado de prisión perpetua.
La investigación está encabezada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por el fiscal Pedro Gallo, quien intervino durante las audiencias junto con la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma. Además de Sosa, también serán juzgados Justina Gordillo, de 48 años, y Jorge Orlando “Chicho” Díaz, de 41, ambos acusados de diferentes maniobras de encubrimiento posteriores al crimen. La resolución de este jueves permite que las acusaciones formuladas sean discutidas ante un tribunal, que será el encargado de determinar las responsabilidades penales.
Según la teoría presentada por la Fiscalía, Érika salió de su vivienda de Gerónimo Helguera al 1700 alrededor de las 3.37 del 7 de enero de 2026 y posteriormente abordó un vehículo solicitado mediante Uber. El recorrido terminó aproximadamente a las 3.50 en una propiedad ubicada en Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, vinculada con Felipe Sosa. Para los investigadores, fue dentro de esa vivienda donde se produjo el ataque que terminó con la vida de la joven.
La acusación sostiene que entre las 3.50 y aproximadamente las 7 de aquella mañana Sosa habría atacado violentamente a Álvarez, aprovechándose, según la hipótesis fiscal, de una situación de vulnerabilidad y de una relación desigual de poder. La autopsia determinó que la víctima presentaba múltiples lesiones en las regiones cráneo-facial y cervical y estableció como causa de muerte un traumatismo cráneo-facial y cervical. Esos elementos forman parte de las pruebas con las que el Ministerio Público buscará sostener en el juicio la calificación de homicidio agravado por mediar violencia de género.
Durante las audiencias, Gallo explicó además que la acusación considera relevantes diferentes condiciones de vulnerabilidad de la víctima y elementos obtenidos durante la investigación. Entre ellos aparece el análisis del teléfono celular secuestrado a Sosa, donde, según el fiscal, fueron encontradas expresiones denigrantes hacia mujeres y referencias a personas con las que el acusado habría mantenido encuentros en su domicilio. La Fiscalía incorporó esos mensajes a su teoría sobre el contexto en el que habría ocurrido el hecho. La defensa tendrá la posibilidad de controvertir esa interpretación y el resto de las pruebas durante el debate oral.
Para Justina Gordillo, la Fiscalía adelantó que solicitará seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado. La acusación sostiene que mantuvo comunicaciones con Sosa desde las 7.32 del 7 de enero, se presentó posteriormente en su domicilio y habría intervenido en acciones destinadas a ocultar el cuerpo, eliminar rastros y hacer desaparecer elementos vinculados con Érika. También se le atribuye haber colaborado posteriormente con la salida de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires, proporcionándole una motocicleta, dinero e información sobre la investigación.
En el caso de Jorge “Chicho” Díaz, el Ministerio Público también pretende una pena de seis años de prisión efectiva. La hipótesis fiscal indica que llegó a la propiedad de Sosa alrededor de las 15.17 del 7 de enero, a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a “Mundo Limpio”, y que habría colaborado en tareas destinadas a borrar rastros y limpiar el inmueble. También se lo acusa de retirar un estuche que contenía una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12 y municiones, además de intervenir en la desaparición del teléfono de la víctima.
La situación procesal de Díaz tuvo una modificación reciente. Este miércoles, la jueza Jimena Suárez le concedió el arresto domiciliario bajo una caución de $20 millones, pese a la oposición planteada por la Fiscalía y la querella. Gordillo también cumple arresto domiciliario, mientras Felipe Sosa continúa detenido con prisión preventiva. Las medidas cautelares adoptadas durante la investigación son independientes de la determinación de responsabilidad que deberá realizarse en el juicio.
Un cuarto acusado ya resolvió su situación mediante otro procedimiento. Nicolás Navarro Flores, de 37 años, fue condenado el 29 de julio a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado, después de reconocer su responsabilidad en hechos de encubrimiento. Ahora está previsto que declare como testigo durante el juicio contra Sosa, Gordillo y Díaz.
El debate tendrá un importante volumen probatorio. Durante las audiencias preliminares, las partes alcanzaron más de 25 convenciones probatorias y la Fiscalía anunció que presentará 77 testigos, entre ellos policías, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), personas vinculadas con los acusados y el propio Navarro Flores. También fueron admitidos análisis genéticos de ADN, cámaras de seguridad públicas y privadas, información obtenida de dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, cuerdas y las bolsas que cubrían el cuerpo de Érika cuando fue encontrado.
Con la elevación aprobada, el expediente será enviado ahora a la Oficina de Gestión de Audiencias, que deberá realizar el sorteo del tribunal encargado del debate y posteriormente establecer la fecha de inicio. Será en esa instancia donde la Fiscalía intentará probar su acusación y sostendrá el pedido de prisión perpetua para Felipe Sosa, mientras las defensas podrán presentar sus argumentos y cuestionar las pruebas incorporadas. La decisión definitiva sobre la responsabilidad de cada acusado corresponderá al tribunal que intervenga en el juicio.
