Benjamin EncinaEl Tribunal de Cuentas de Tucumán realizó una fuerte observación sobre la administración contable de las 93 comunas rurales de la provincia, al detectar que todavía registran parte de sus movimientos y operaciones mediante mecanismos considerados insuficientes para garantizar información financiera confiable. El señalamiento aparece dentro del análisis de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2025, que ahora deberá continuar su trámite institucional en la Legislatura.
Las conclusiones fueron incorporadas al Acuerdo Nº 3482, fechado el 11 de septiembre, en el que el organismo examinó la ejecución de los recursos y gastos provinciales. La documentación había sido confeccionada por la Contaduría General de la Provincia y presentada el 29 de mayo, dentro de los plazos establecidos. El Tribunal aprobó el informe sobre la Cuenta de Inversión, aunque dejó asentadas diferentes observaciones y recomendaciones para corregir aspectos del funcionamiento financiero provincial.
Uno de los puntos que recibió especial atención fue la situación de las comunas. El organismo advirtió que no cuentan con un sistema contable que permita obtener información confiable, precisa y oportuna sobre sus movimientos. La situación no aparece como un inconveniente aislado: el propio Tribunal señaló que viene realizando actuaciones y aplicando sanciones cuando los responsables comunales incumplen con las rendiciones de los fondos públicos.
El Tribunal ejerce sobre las 93 comunas rurales un control posterior mediante rendiciones de cuentas bimestrales. Esa modalidad es diferente de la aplicada sobre otros componentes del sector público provincial y no comprende a los 19 municipios, que están fuera de su competencia de fiscalización.
A pesar de las deficiencias señaladas en el mecanismo de registración, el nivel de presentación de documentación fue elevado. Durante el ejercicio analizado se revisaron 558 estados contables bimestrales y 553 habían sido rendidos ante el organismo, equivalente al 99,10% del total. Esto marca una diferencia importante entre dos cuestiones: el Tribunal no afirmó que las comunas no rindieran sus cuentas en general, sino que cuestionó la calidad y el sistema utilizado para registrar sus operaciones.
Dentro de los estados analizados aparecieron observaciones vinculadas con la comuna de Los Pérez. Dos balances correspondientes al quinto y sexto bimestre de 2025 habían sido presentados ante la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas dentro de los plazos legales, pero posteriormente fueron devueltos para que se realizaran las regularizaciones correspondientes.
El informe también señaló un problema relacionado con la ejecución presupuestaria de las delegaciones rurales. Según el análisis, las comunas no cuentan con los respectivos créditos presupuestarios asignados para ejecutar correctamente sus recursos con los límites legales correspondientes, situación vinculada con la suspensión de las normas referidas al Presupuesto de Recursos y Gastos comunal mientras se encuentra vigente el Presupuesto provincial 2025.
Frente a este escenario, el Tribunal dirigió una recomendación concreta a la Contaduría General de la Provincia, por ser el organismo rector del sistema contable provincial. Le pidió avanzar en la implementación del Sistema de Contabilidad en todo el Sector Público, haciendo una mención específica a las comunas rurales. El objetivo es unificar criterios y mejorar la disponibilidad de información sobre el movimiento de los recursos públicos.
El análisis de las comunas forma parte de un documento mucho más amplio. La Cuenta de Inversión mostró que durante 2025 la Provincia registró recursos totales por $4.793.658,90 millones y gastos por $4.772.413,11 millones, dejando un superávit financiero de $21.245,79 millones. Los recursos corrientes alcanzaron los $4.718.814,48 millones, mientras los gastos corrientes fueron de $4.578.365,15 millones.
Sin embargo, el organismo emitió una opinión adversa sobre el Informe de Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Provincial. Entre los argumentos mencionó que ese documento no incorporó a determinados organismos descentralizados, a las propias comunas rurales ni a empresas y sociedades estatales. También observó la existencia de cuentas bancarias de organismos que no estaban incorporadas al sistema SAFyC.
El Tribunal dejó aclarado que esa opinión adversa no implica un rechazo general de toda la ejecución presupuestaria provincial. Las delegaciones fiscales analizaron por separado distintos componentes de recursos y gastos, formulando observaciones, salvedades y recomendaciones según cada caso.
Ahora, la documentación deberá continuar hacia la Legislatura de Tucumán, que posee la atribución constitucional de aprobar o rechazar las cuentas de inversión remitidas anualmente por el Poder Ejecutivo. Paralelamente, el Tribunal pidió determinar cuáles de las situaciones observadas ya se encuentran sometidas a comprobaciones o juicios de responsabilidad y cuáles requieren nuevas actuaciones.
