Benjamin EncinaEl ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, aseguró que durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) las autoridades nacionales no comunicaron a los ministros provinciales la aplicación de recortes presupuestarios en materia de discapacidad. El encuentro fue encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y tuvo entre sus principales ejes la situación de las prestaciones, las pensiones y las políticas destinadas al sector.
La primera jornada se desarrolló en la sede de la Secretaría Nacional de Discapacidad, donde representantes de las provincias y funcionarios nacionales analizaron diferentes aspectos del sistema. Medina Ruiz explicó que las versiones sobre posibles reducciones de recursos vinculadas con el Presupuesto 2027 generaron sorpresa entre los participantes porque, según su relato, ese escenario no había sido informado durante la reunión.
La afirmación del funcionario tucumano debe entenderse dentro de ese alcance: Medina Ruiz se refirió específicamente a lo comunicado a los ministros durante el COFESA. Su declaración no constituye, por sí sola, una evaluación completa de todas las partidas incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 ni permite concluir que no puedan existir modificaciones presupuestarias en otras áreas vinculadas con discapacidad.
Otro punto central del encuentro fueron las pensiones no contributivas por discapacidad. Según lo informado durante la reunión, la administración nacional recibió aproximadamente 600.000 expedientes de pensiones en trámite provenientes de la gestión anterior, de los cuales unos 300.000 permanecen bajo procesos de verificación para establecer si corresponde otorgar o mantener los beneficios.
En Tucumán, la directora de la Junta de Evaluación de Discapacidad, Hortensia Juárez, informó que existen más de 57.000 certificados activos. La funcionaria provincial también participó de las reuniones federales, donde se discutieron la certificación, las pensiones no contributivas y los recursos nacionales destinados a las políticas de discapacidad.
Medina Ruiz también se refirió a las auditorías realizadas sobre las prestaciones en la provincia. Según el ministro, los equipos nacionales tuvieron acceso a la documentación correspondiente y no detectaron irregularidades en el funcionamiento provincial, aunque sí se identificaron casos individuales de personas que, de acuerdo con esas revisiones, no reunían los requisitos para conservar una pensión y cuyos beneficios fueron dados de baja.
El titular de la cartera sanitaria defendió en ese contexto la realización de controles y auditorías como mecanismo para revisar la correcta asignación de los beneficios. Desde el sistema provincial, en paralelo, continúan los operativos territoriales destinados a facilitar evaluaciones y trámites vinculados con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La agenda del COFESA también incorporó otro tema de alcance nacional: la eventual modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Durante la segunda jornada, las jurisdicciones analizaron los cambios propuestos y expusieron diferentes posiciones sobre cómo deberían implementarse las reformas en los servicios sanitarios, dispositivos territoriales y equipos de recursos humanos.
Las declaraciones de Medina Ruiz aparecen en momentos en que las políticas nacionales sobre discapacidad y el Presupuesto 2027 están bajo discusión pública y legislativa. Por eso, el alcance concreto de las partidas deberá analizarse sobre el texto presupuestario y las decisiones que finalmente adopte el Congreso, mientras las provincias continúan reclamando precisiones sobre los recursos destinados al sector.
