Belen LapetinaEl Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, procesó sin prisión preventiva a un hombre de 66 años y a su hijo de 38 por el avance de un emprendimiento inmobiliario denominado “Las Pirámides”, ubicado dentro del Parque Sierra de San Javier, sobre tierras de dominio público pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Agustín Chit, con la intervención de la auxiliar fiscal Julia Vitar.
Según la resolución judicial, existen elementos suficientes, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, para atribuir a P.M.S. tres hechos de usurpación mediante despojo, ocurridos en 2019, 2022 y 2024, además de defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público.
Su hijo, M.S., fue procesado como partícipe secundario de los tres hechos de usurpación y del daño agravado.
El juez también dispuso embargos por $500 millones sobre los bienes de P.M.S. y por $200 millones sobre los de su hijo. Ambos permanecerán en libertad durante el proceso.
La investigación comenzó a partir de una medida cautelar dictada el 3 de diciembre de 2018, que había prohibido construir viviendas, talar árboles, abrir caminos, parquizar o realizar cualquier otra acción que afectara el sector denominado “Las Pirámides”.
Pese a esa prohibición, los investigadores reconstruyeron un crecimiento progresivo del emprendimiento. En 2019 se constataron 25 viviendas terminadas y una en construcción. En 2022, se registraron otras 21 viviendas nuevas, además de desmontes, tala de árboles y nuevas construcciones.
Durante una inspección realizada en abril de 2024, se relevaron 54 viviendas. Posteriormente, un trabajo del Departamento de Geodesia y Topografía de la UNT permitió georreferenciar 70 construcciones, además de terrenos delimitados con cercos y carteles que indicaban “propiedad privada” y “prohibido pasar”.
Otro de los puntos investigados fue la comercialización de lotes dentro del predio. La fiscalía incorporó publicaciones en redes sociales, recibos y boletos de compraventa vinculados con las operaciones.
Se identificaron al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios. De ese total, al menos 12 fueron celebrados después del 3 de diciembre de 2018, cuando ya estaba vigente la medida cautelar que prohibía continuar con el loteo y la enajenación de terrenos.
Según la fiscalía, algunos documentos presentaban a P.M.S. como poseedor del inmueble desde hacía más de cien años y mencionaban una supuesta sentencia que avalaría su derecho a usucapir.
Sin embargo, la investigación determinó que la Dirección Provincial de Catastro había rechazado en 2009 un plano presentado por P.M.S. para obtener la prescripción adquisitiva del inmueble. El juez señaló que, al momento de los hechos investigados, el imputado no contaba con un título o resolución judicial que reconociera un derecho de dominio o posesión sobre el predio.
El Parque Sierra de San Javier se encuentra sobre tierras pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán desde 1948 y tiene carácter de bien de dominio público.
La UNT creó formalmente el Parque Universitario Sierra de San Javier mediante la Resolución N° 1030/73, con objetivos vinculados a la educación ambiental, investigación científica, conservación, turismo y recreación.
Además, distintas resoluciones dictadas entre 1974 y 1975 prohibieron la explotación agrícola, ganadera, comercial o industrial, la residencia humana y cualquier alteración del paisaje o del ecosistema.
Por tratarse de un bien de dominio público, el inmueble no puede ser adquirido por usucapión ni vendido por particulares.
La fiscalía también busca determinar el impacto ambiental provocado por las construcciones, desmontes, apertura de caminos y tala de árboles.
En octubre de 2024 solicitó un informe técnico a investigadores del Instituto de Ecología Regional (IER) y del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH), dependientes del CONICET NOA Sur.
El estudio permitiría establecer si las intervenciones produjeron daño ambiental y, en caso afirmativo, cuantificarlo. Sin embargo, el peritaje todavía está pendiente porque el juez elevó el pedido al Consejo de la Magistratura de la Nación para obtener los fondos necesarios.
