Benjamin EncinaUna auditoría ordenada por el Gobierno nacional sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó importantes inconsistencias en sus registros administrativos y financieros. El dato de mayor magnitud es una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible informados por dos dependencias internas del organismo.
El análisis comprende la gestión de la agencia hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que el Gobierno desplazó de la conducción a Diego Spagnuolo. La revisión incluyó pagos a droguerías, deudas acumuladas, cajas chicas, contratos, personal, equipamiento electrónico y declaraciones juradas, entre otros movimientos administrativos.
La diferencia millonaria apareció al comparar los registros de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Esta última dependencia, encargada entre otras funciones del programa Incluir Salud, informó el mayor volumen de deuda.
El informe advirtió que una parte de esos compromisos no habría atravesado los circuitos de control administrativo correspondientes. Al mismo tiempo, desde el organismo señalaron que algunos montos podrían registrar variaciones derivadas de errores involuntarios cometidos por prestadores al momento de cargar la información. Por esa razón, el desfasaje identificado no debe interpretarse automáticamente como dinero sustraído o perdido: representa una diferencia contable que ahora debe ser revisada y explicada.
Otro de los puntos observados fue la utilización del mecanismo denominado “legítimo abono”, que permite reconocer y pagar bienes o servicios que ya fueron entregados cuando no se completó previamente el procedimiento habitual de contratación. Los auditores cuestionaron su utilización reiterada y señalaron que, hasta la fecha de corte del relevamiento, solamente se habían iniciado seis procesos de compra relacionados con esos servicios.
La auditoría no especificó qué pagos individuales fueron realizados mediante ese procedimiento, pero estableció que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. La documentación y los circuitos utilizados para esas operaciones forman parte del material que está siendo analizado.
Las irregularidades administrativas aparecen además en momentos en que la DNASS está bajo investigación judicial. El fiscal federal Franco Picardi investiga un presunto esquema relacionado con compras y contrataciones dentro del área. Entre las hipótesis de la acusación fiscal aparecen supuestos sobreprecios y presuntas coimas, cuestiones que deberán ser determinadas judicialmente y que no pueden considerarse probadas mientras avance la causa.
La auditoría fue realizada después del desplazamiento de Spagnuolo y busca reconstruir el funcionamiento financiero y administrativo del organismo durante el período examinado. Las inconsistencias encontradas serán ahora parte del análisis destinado a establecer el origen de las diferencias entre las deudas informadas y determinar si existieron responsabilidades administrativas o eventualmente penales.
El monto de $158.717 millones, por lo tanto, corresponde específicamente a la diferencia encontrada al cruzar dos registros internos de deuda. El avance de las revisiones administrativas y de las investigaciones judiciales deberá determinar qué parte responde a errores de registración, obligaciones pendientes u otras irregularidades.
