Belen LapetinaEl Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a dos empleados del Banco Nación por sustraer dinero a clientes que realizaban depósitos en la sucursal de Orán.
El juez Domingo Batule declaró penalmente responsables a Silvia Verónica Castro y a su pareja, Fernando Horacio Arias Knudsen, por el delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Castro, quien llevaba más de 30 años trabajando en la entidad, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Arias Knudsen, en tanto, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación.
Ambos fueron desvinculados del Banco Nación y deberán cumplir reglas de conducta bajo el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Durante el juicio se acreditaron 18 maniobras ilícitas cometidas durante 2023: 17 fueron realizadas por Castro y una por Arias Knudsen.
El método, conocido como “pellizco”, aprovechaba la disposición de las cajas y la presencia de un vidrio esmerilado que impedía a los clientes observar con claridad el conteo del dinero.
Los clientes entregaban grandes cantidades de efectivo para realizar depósitos. En el momento del conteo, Castro retiraba algunos billetes de los fajos y los escondía dentro de un folleto publicitario del banco, fuera del campo visual de quienes realizaban la operación.
Cuando la máquina contadora indicaba un monto inferior al declarado en la boleta, los clientes suponían que habían cometido un error al contar el dinero y reponían la diferencia sin sospechar de los empleados.
La maniobra quedó al descubierto el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero de trabajo observó movimientos sospechosos de Castro y revisó el folleto que utilizaba para ocultar los billetes.
Luego, las autoridades de la sucursal revisaron las cámaras de seguridad desde julio de ese año y reunieron registros que fueron incorporados a la investigación judicial. Además, varios clientes afectados declararon ante la Justicia.
Durante el juicio, el fiscal federal Marcos Romero sostuvo que los acusados no actuaron por una situación de necesidad económica. Según la acusación, ambos tenían sueldos bancarios, una vivienda y un comercio dedicado a la venta de piscinas y productos de limpieza.
Tras la condena, los damnificados quedaron habilitados para reclamar civilmente por los perjuicios económicos ocasionados.
