Benjamin EncinaLa Municipalidad de San Miguel de Tucumán respondió este martes a la protesta realizada por taxistas frente al Palacio Municipal y aseguró que se encuentran vigentes los mecanismos de fiscalización tanto para el servicio tradicional de taxis como para las plataformas digitales de transporte. Las autoridades rechazaron las acusaciones de falta de controles formuladas durante la movilización.
El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, y la secretaria General del municipio, Camila Giuliano, defendieron las medidas implementadas por la gestión de Rossana Chahla. La respuesta llegó después de que representantes del sector taxista reclamaran el cumplimiento de la normativa y solicitaran cambios dentro de las áreas encargadas del transporte.
Los taxistas habían concentrado durante la mañana frente a la Municipalidad para exigir la aplicación de la Ordenanza N° 5.483, que regula el funcionamiento de las aplicaciones. El sector también pidió la renuncia de Arnedo y de la directora del SUTRAPA, Valeria Amaya, al considerar insuficientes las acciones desarrolladas hasta el momento.
Desde el municipio presentaron una versión diferente. Arnedo aseguró que las plataformas fueron intimadas en tres oportunidades y señaló que se encuentra próximo a finalizar un dictamen para avanzar con las sanciones correspondientes por incumplimientos. También afirmó que ya se generaron multas de montos elevados contra empresas que no respetaron las disposiciones municipales.
Uno de los puntos centrales de la estrategia oficial es la creación de un registro municipal de conductores de aplicaciones. El objetivo es identificar directamente a las personas y vehículos que trabajan mediante servicios como Uber, DiDi y Cabify, independientemente de la inscripción realizada por las propias empresas.
La medida responde a que, según informó anteriormente el municipio, Cabify completó su inscripción, mientras que otras plataformas no habían cumplido con el procedimiento establecido. Frente a esa situación, el SUTRAPA resolvió avanzar con un padrón específico para quienes utilizan esas aplicaciones como herramienta de trabajo.
Los conductores deberán cumplir una serie de condiciones, entre ellas contar con licencia profesional D1, seguro para transporte de pasajeros y certificado de antecedentes penales. Los vehículos, además, tendrán que ajustarse al límite de antigüedad establecido por la normativa, que actualmente exige unidades modelo 2013 en adelante.
La discusión se concentra ahora en la aplicación efectiva de las ordenanzas. Mientras los representantes de los taxistas sostienen que los controles todavía son insuficientes, el municipio afirma que las inspecciones, sanciones y procesos de registración se encuentran en marcha.
El conflicto continuará abierto mientras se completa el nuevo padrón y se definen las sanciones pendientes. Para el sector taxista, el punto central seguirá siendo que las aplicaciones funcionen bajo exigencias comparables; para el municipio, el objetivo declarado es regularizar las distintas modalidades de transporte individual de pasajeros y fortalecer su fiscalización.
