Benjamin EncinaEl Gobierno nacional modificó su estrategia en materia de discapacidad y avanzó con bloques aliados de la Cámara de Diputados en un proyecto que busca establecer un nuevo régimen permanente desde 2027. El acuerdo implica revisar cambios que habían sido incluidos originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027 y que habían provocado cuestionamientos dentro y fuera del Congreso.
La propuesta negociada por La Libertad Avanza consta de alrededor de 20 artículos y busca reemplazar el régimen de emergencia que vence el 31 de diciembre. El oficialismo sostiene que pretende convertir varias de las herramientas actuales en políticas permanentes, mientras sectores opositores reclaman directamente la continuidad de la legislación vigente y expresaron dudas sobre el nuevo esquema.
Uno de los puntos centrales acordados establece que los aranceles de las prestaciones continuarán actualizándose mensualmente. Además, se conservará el Nomenclador Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, utilizado como referencia para determinar los valores de diferentes servicios y tratamientos.
El proyecto también preserva la cobertura del programa Incluir Salud y contempla que las personas que reciben una pensión no contributiva por discapacidad puedan incorporarse al empleo formal sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos haberes mínimos.
Otro aspecto relevante corresponde al financiamiento. La propuesta establece que los recursos destinados al área no podrán ser inferiores a los ejecutados durante el año anterior y habilita a la Jefatura de Gabinete a realizar readecuaciones presupuestarias cuando sean necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema.
También se mantendría la relación entre las pensiones no contributivas por discapacidad y la jubilación mínima, permitiendo que los montos continúen actualizándose de acuerdo con la evolución del haber previsional. Paralelamente, el texto contempla la continuidad de los beneficios impositivos para empleadores que incorporen por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.
A cambio de conservar esas prestaciones y mecanismos de financiamiento, el Ejecutivo pretende reforzar los sistemas de auditoría y control. El proyecto contempla evaluaciones periódicas y cruces de información con bases pertenecientes a ANSES, ARCA y RENAPER, con el objetivo declarado de revisar el funcionamiento y la asignación de beneficios.
Las negociaciones se desarrollaron en la Cámara de Diputados, con participación de representantes de La Libertad Avanza y legisladores de la UCR, PRO, MID y bloques provinciales. El oficialismo busca reunir las firmas necesarias para conseguir un dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Discapacidad.
El entendimiento, sin embargo, no incluye a toda la oposición. Sectores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y parte de Provincias Unidas plantearon reparos y sostienen que debería prorrogarse la legislación vigente en lugar de reemplazarla por un nuevo marco normativo. Entre sus cuestionamientos aparece la eliminación de la figura jurídica de la “emergencia” a partir de enero.
La discusión continuará ahora en las comisiones de Diputados. El acuerdo alcanzado con los bloques dialoguistas acerca posiciones sobre prestaciones, pensiones y financiamiento, pero el texto todavía debe completar su recorrido parlamentario, por lo que las disposiciones negociadas no constituyen aún una nueva ley vigente.
