Belen LapetinaUna auditoría integral realizada por la Contaduría General de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán detectó importantes demoras e irregularidades en el funcionamiento del Tribunal de Faltas.
El relevamiento, aprobado mediante el Decreto N° 0311, fue elaborado por el organismo a cargo de Marcelo Albaca y señaló una “paralización masiva de causas”, además de deficiencias en la tramitación y el cobro de multas.
Según el informe, durante 2024 ingresaron 91.197 causas al Tribunal de Faltas. De ese total, los jueces resolvieron apenas 4.650 expedientes, el 5,1%, mientras que 76.344 causas, equivalentes al 83,8%, quedaron sin resolución. Otros 10.113 expedientes, el 11,1%, finalizaron por el pago voluntario de las multas.
La auditoría también detectó un importante atraso acumulado entre 2019 y 2023. En ese período se registraron 406.355 causas, de las cuales 319.264, el 78,57%, permanecían sin una resolución judicial.
Para elaborar el relevamiento se cruzaron datos de distintas reparticiones municipales, entre ellas Tránsito, Catastro e Ingresos Municipales, además de información de los 10 juzgados contravencionales, el Sistema Nacional de Infracciones (Sinai) y el Control de Infracciones Tucumán (CIT).
El informe también señaló irregularidades en la prescripción y tramitación de las infracciones, con demoras entre la fecha en que se cometían las faltas y su incorporación a los sistemas.
Además, se detectaron incumplimientos de los plazos de caducidad y extravío de expedientes físicos y actuaciones completas.
Entre las deficiencias operativas mencionadas aparece también la falta de códigos para algunas dependencias municipales. El Centro de Monitoreo, por ejemplo, habría generado más de 13.000 actas que fueron cargadas de manera incorrecta.
La auditoría también hizo referencia al manejo de talonarios en áreas como Arbolado y a dificultades burocráticas para enviar expedientes al cobro judicial.
Ante las conclusiones del informe, el Ejecutivo municipal consideró que algunas de las situaciones detectadas podrían configurar “negligencia y morosidad grave en el ejercicio de la función”, conductas contempladas en el Estatuto para el Personal Municipal.
En el caso de los jueces de Faltas, su eventual remoción requiere un juicio político previo ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Por este motivo, la intendenta Rossana Chahla remitió las actuaciones al fiscal municipal, Conrado Mosqueira, para que se inicien los sumarios administrativos correspondientes.
En paralelo, el Ejecutivo municipal derogó la norma que vinculaba los salarios de los jueces de Faltas con los de los secretarios municipales. La medida había sido cuestionada por el titular del Tribunal de Faltas, Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, quien la había considerado una “represalia”.
