Benjamin EncinaLa Legislatura de Tucumán se prepara para debatir el próximo 30 de septiembre el proyecto que adapta la normativa provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional 27.801. La iniciativa incorpora cambios en el procedimiento judicial para adolescentes y coloca como uno de sus principales objetivos la reinserción social después de la declaración de responsabilidad penal.
La legislación nacional comenzó a regir en septiembre de 2026 y establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18. Además de determinar responsabilidades frente a un delito, la norma nacional fija como finalidad promover la educación, resocialización e integración social de quienes atraviesen el sistema penal juvenil.
En Tucumán, el dictamen fue elaborado por la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, después de diferentes reuniones entre representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También participaron jueces, fiscales, integrantes del Ministerio Pupilar y de la Defensa y funcionarios relacionados con las áreas que deberán intervenir cuando el sistema comience a aplicarse plenamente en la provincia.
Uno de los principales cambios será la división del proceso judicial en dos etapas. En la primera, el tribunal deberá determinar si existió el hecho investigado, cuál es su calificación jurídica y si corresponde declarar penalmente responsable al adolescente. El juicio, además, podrá desarrollarse a puertas cerradas cuando así lo solicite el acusado.
Una vez que la declaración de responsabilidad quede firme, comenzará una instancia diferente. El fiscal tendrá que presentar un Plan Individual de Transformación Personal (PITP) destinado a trabajar sobre la reinserción del adolescente. Ese programa deberá extenderse durante al menos un año y tendrá el acompañamiento de un supervisor durante su ejecución.
La designación de esos supervisores fue uno de los asuntos discutidos durante la elaboración del proyecto. Finalmente, el dictamen establece que dependerán exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en lugar de quedar bajo la administración del Poder Ejecutivo provincial.
Cuando finalice el programa de reinserción se realizará una audiencia de integración. Allí intervendrá un magistrado diferente del que participó originalmente en el juicio, quien tendrá que analizar el proceso atravesado por el adolescente antes de resolver sobre la pena definitiva. De esta manera, el proyecto separa la determinación de responsabilidad de la instancia posterior destinada a definir la sanción.
El dictamen también incorpora medidas alternativas a la privación de libertad para situaciones en las que exista riesgo de fuga o posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Entre las herramientas previstas aparecen la prohibición temporal de conducir, restricción de contacto con víctimas o testigos, permanencia domiciliaria supervisada con o sin dispositivo electrónico y tratamientos por consumo problemático de alcohol o drogas.
También podrá disponerse el alojamiento en dispositivos de régimen abierto durante fines de semana o determinadas franjas nocturnas. En cambio, la permanencia provisoria en un establecimiento cerrado será considerada una medida de último recurso y tendrá un límite máximo de seis meses, con posibilidad de una única prórroga excepcional.
Otro punto central establece que los adolescentes alcanzados por el régimen no podrán permanecer alojados en comisarías, dependencias policiales ni establecimientos penitenciarios destinados a adultos. Los espacios especializados deberán contar con personal capacitado y garantizar educación, atención de la salud física y mental y abordajes específicos cuando existan consumos problemáticos.
Dentro de esa estructura tendrá un papel central el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, que ya se encuentra funcionando en Tucumán. El proyecto busca otorgarle un marco legal específico dentro del Sistema Provincial de Ejecución Penal Juvenil y contempla además la posibilidad de crear nuevos establecimientos especializados en el futuro.
La implementación requerirá también la intervención coordinada de áreas de Justicia, Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social. El Consejo Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes ya comenzó a analizar los desafíos operativos del nuevo régimen y la necesidad de articular las políticas destinadas tanto al cumplimiento de las decisiones judiciales como a la posterior reinserción.
El proyecto provincial todavía no está aprobado. El dictamen deberá ser discutido por los legisladores en la sesión prevista para el 30 de septiembre, cuando se definirá el marco procesal con el que Tucumán buscará implementar el nuevo sistema nacional para adolescentes en conflicto con la ley penal.
