Benjamin EncinaEl crecimiento del endeudamiento de los hogares tucumanos llegó a la agenda de la Legislatura provincial, donde actualmente se encuentran bajo análisis más de media docena de proyectos que buscan ofrecer alternativas para personas con dificultades para cumplir con préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras.
La discusión parte de una cifra que refleja la magnitud del problema: en julio de 2026 había 257.365 tucumanos con deudas en situación irregular dentro del sistema crediticio. El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de información del Banco Central.
La tasa de morosidad provincial alcanzó el 18,9%, por encima del 15,7% registrado a nivel nacional, y ubicó a Tucumán en el sexto puesto entre las 24 jurisdicciones con mayor nivel de incumplimiento. En el segmento de las billeteras virtuales, el porcentaje provincial fue todavía mayor: 35,1%.
Frente a este escenario, los legisladores estudian diferentes mecanismos. Entre las alternativas aparecen créditos para consolidar y refinanciar deudas, límites a los descuentos directos sobre los salarios, topes para determinados costos financieros y mecanismos de asistencia para consumidores sobreendeudados. Por ahora, se trata de propuestas legislativas y ninguno de esos beneficios está vigente de manera general.
Una de las iniciativas propone un régimen para empleados de la administración pública provincial y organismos estatales cuyos ingresos no superen seis salarios mínimos. El proyecto contempla financiamiento a tasa cero para cancelar saldos de tarjetas de crédito del Banco Macro y establece que las retenciones salariales no deberían superar el 25% de los ingresos.
Otra propuesta busca establecer nuevas reglas para proteger el salario de los empleados públicos sobreendeudados. En ese esquema, el costo financiero total tendría como límite la inflación interanual más 10 puntos porcentuales, mientras que la suma de las obligaciones descontadas directamente no podría comprometer más del 30% del salario neto.
Entre los proyectos de mayor alcance aparece el denominado Programa Tucumán de Alivio y Desendeudamiento Personal, impulsado por el legislador Alberto Olea. La iniciativa incluiría a personas con ingresos de hasta 10 salarios mínimos, entre empleados públicos y privados, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados.
Ese proyecto propone crear una línea de financiamiento destinada a unificar obligaciones existentes, con una tasa nominal anual máxima del 35%, devolución de hasta 36 meses y cuotas que no podrían superar el 25% de los ingresos netos. El dinero sería transferido directamente a los acreedores para cancelar las deudas incluidas en la refinanciación.
También existen propuestas elaboradas por organizaciones de consumidores para establecer un procedimiento administrativo gratuito de reestructuración de deudas, que permitiría generar audiencias entre acreedores y deudores para negociar alternativas como quitas, períodos de gracia o reducciones de tasas. Otra iniciativa plantea extender puntos de atención a los 19 municipios y 93 comunas rurales de Tucumán.
El tratamiento definitivo todavía no tiene fecha confirmada. Aunque inicialmente se evaluó incorporar alguna alternativa en la sesión legislativa prevista para el 30 de septiembre, la discusión podría trasladarse al 8 de octubre para intentar elaborar una propuesta de mayor alcance que no quede limitada exclusivamente al sector público.
La Legislatura tendrá así que definir si logra unificar parte de las iniciativas en discusión. Mientras tanto, los datos muestran que más de 257.000 tucumanos atraviesan algún grado de irregularidad crediticia, en un escenario donde el acceso a mecanismos de refinanciación se convirtió en uno de los principales puntos del debate económico provincial.
