Belen LapetinaTucumán se convirtió en la primera provincia en adecuar su legislación al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, luego de que la Legislatura aprobara el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil.
La iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor y uno en contra, durante una sesión especial presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo. La norma provincial adapta el sistema local a la Ley Nacional 27.801, que establece un régimen específico de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. (Boletín Oficial)
La legislación tucumana establece cómo deberán ejecutarse, supervisarse y controlarse las medidas y penas que disponga la Justicia cuando su cumplimiento quede bajo responsabilidad de organismos provinciales.
Entre los principales cambios se encuentra la creación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.
Los supervisores tendrán a su cargo el seguimiento individual de los adolescentes, el control del cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia y la articulación con los organismos que intervengan en los procesos de integración social.
La normativa también establece que las penas de privación de la libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años.
Para ese objetivo se crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, que tendrá a su cargo la ejecución de penas y determinadas medidas previstas por el nuevo régimen.
El sistema contempla entre sus objetivos la responsabilización de los adolescentes frente al delito, la integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y la comunidad.
La Ley 27.801 nacional, sancionada en febrero y promulgada en marzo de 2026, establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años. La normativa nacional fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en septiembre. (Boletín Oficial)
El proyecto tucumano fue analizado en la Comisión de Legislación General de la Legislatura, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.
Durante el tratamiento se realizaron reuniones y mesas de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados especializados.
La Corte tucumana ya había encabezado reuniones con representantes de los tres poderes para avanzar en la implementación del nuevo régimen y analizar los cambios que implica para la Justicia provincial. (Justo Ucuman)
Vargas Aignasse destacó el trabajo realizado para adaptar la estructura provincial y sostuvo que la respuesta estatal no debería limitarse al cumplimiento de una pena.
“Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, sostuvo.
El legislador explicó que Tucumán ya cuenta con dispositivos dependientes de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, aunque deberán adecuarse a las nuevas edades y condiciones establecidas por el régimen.
El legislador Mario Leito señaló que la sanción de la ley nacional constituye un punto de partida y que las provincias deben desarrollar las herramientas necesarias para su aplicación.
Durante el debate se analizaron las modificaciones administrativas y procesales necesarias para implementar el régimen, además de la dependencia institucional del cuerpo encargado de supervisar a los adolescentes.
Finalmente, se estableció que los supervisores funcionarán dentro de la estructura del Poder Judicial.
Por su parte, el legislador Agustín Romano Norri explicó que la iniciativa surgió de la unificación de cinco proyectos y remarcó la necesidad de incorporar herramientas destinadas a favorecer la reinserción social y laboral de los adolescentes.
Con la sanción de esta norma, Tucumán establece el marco provincial para la ejecución y supervisión de las medidas y penas aplicadas a adolescentes bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.
