Benjamin EncinaEl conflicto que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) cerró otra semana de medidas de fuerza sin una solución definitiva. Durante 2026 ya se acumularon alrededor de 45 jornadas de paro docente, entre huelgas semanales, medidas de 48 y 72 horas y distintas acciones impulsadas desde el comienzo del calendario académico. La disputa combina dos cuestiones centrales: la recomposición de los salarios universitarios y la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La última protesta se desarrolló entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, cuando docentes universitarios realizaron un paro nacional de 72 horas convocado por CONADU Histórica, en confluencia con CONADU. En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT) acompañó la medida, que alcanzó a las 13 facultades y también tuvo impacto en las escuelas preuniversitarias dependientes de la casa de estudios.
La primera jornada mostró un nivel elevado de adhesión. Según las estimaciones difundidas por ADIUNT, entre el 90% y el 95% de los docentes se plegaron inicialmente a la protesta. El funcionamiento, sin embargo, no fue idéntico en todas las unidades académicas: hubo facultades con mayor actividad y sectores como hospitales y laboratorios universitarios que mantuvieron sus tareas.
Pero los tres días de huelga fueron apenas una parte de un conflicto mucho más extenso. Desde febrero, el calendario de la UNT quedó atravesado por sucesivos reclamos, con semanas completas sin actividad docente, paros de 48 y 72 horas y jornadas aisladas de protesta. Esa acumulación llevó el número de días afectados durante el año a aproximadamente 45, reflejando una disputa que se mantuvo prácticamente durante todo el ciclo académico.
Uno de los puntos centrales es la pérdida del poder adquisitivo denunciada por los gremios. ADIUNT sostiene que la deuda salarial supera el 33,4% y reclama una recomposición inmediata, además de mecanismos posteriores de actualización que eviten que los ingresos vuelvan a quedar retrasados frente a la inflación.
La última negociación entre el Gobierno nacional y los representantes universitarios tampoco permitió cerrar la disputa. Los sindicatos cuestionaron la falta de una propuesta que, según su posición, permita recuperar lo perdido y rechazaron el incremento del 3% planteado anteriormente por el Ejecutivo. La discusión salarial quedó así directamente vinculada con el reclamo presupuestario que mantienen las universidades públicas.
La situación también repercute sobre la permanencia de trabajadores dentro del sistema. La comunidad universitaria viene advirtiendo sobre renuncias de docentes, dificultades para sostener cargos y deterioro salarial, especialmente entre quienes tienen dedicaciones con menores ingresos. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundidos anteriormente, más de 10.000 docentes renunciaron en universidades de todo el país durante los últimos dos años, un fenómeno que las instituciones relacionan con el deterioro de las remuneraciones.
El conflicto ya no se desarrolla únicamente en las aulas, las paritarias y las calles. La Justicia federal intervino por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de programas de becas estudiantiles.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick consideró que existió un cumplimiento parcial de las obligaciones. En materia salarial señaló que, aunque hubo convocatorias paritarias y órdenes de pago, no quedó acreditado que la actualización se hubiera calculado según los parámetros establecidos por la normativa. Para evaluar la situación, el magistrado mencionó que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%.
Respecto de las becas, la resolución también observó que la respuesta oficial no alcanzaba a cubrir completamente lo ordenado. El Gobierno nacional había informado medidas relacionadas con la Beca Manuel Belgrano, pero el juez entendió que eso no representaba un cumplimiento integral de la cautelar. Tras rechazar una apelación del Ejecutivo, volvió a conceder un plazo para avanzar con lo dispuesto judicialmente.
El Ejecutivo, por su parte, sostiene que realizó las acciones necesarias para responder a las obligaciones establecidas y mantiene abierta la discusión judicial. De esta manera, existe una diferencia entre la interpretación del Gobierno sobre las medidas implementadas y la evaluación realizada por el juzgado respecto del alcance efectivo del cumplimiento.
El conflicto adquirió además un peso simbólico durante los últimos días porque se cumplió un año desde la ratificación legislativa de la Ley de Financiamiento Universitario, luego del veto presidencial. Para los gremios, doce meses después continúan pendientes puntos centrales vinculados con salarios, becas y recursos para el funcionamiento del sistema público universitario.
La discusión también se proyecta hacia 2027. Desde ADIUNT cuestionaron las partidas contempladas para las universidades en el proyecto de Presupuesto nacional. La conducción sindical señaló que el CIN estimó necesidades cercanas a los $11 billones, mientras que el proyecto oficial contempla aproximadamente $7,5 billones, diferencia que forma parte de los cuestionamientos planteados por el sector.
Con este escenario, dentro de ADIUNT incluso se discutió la posibilidad de avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado. La propuesta fue planteada por la conducción tucumana, aunque no consiguió imponerse en el plenario nacional que finalmente resolvió el último paro de 72 horas. El gremio local considera que el cierre progresivo del calendario académico aumenta la necesidad de definir cómo continuará el plan de lucha.
La próxima fecha importante será el 15 de octubre, cuando está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria. La convocatoria buscará reunir nuevamente a docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, autoridades y distintos sectores vinculados con las universidades públicas.
En Tucumán, el conflicto llega a esa instancia después de aproximadamente 45 días de paro acumulados durante 2026 y con la discusión salarial todavía abierta. La finalización de la última huelga de 72 horas no significó el cierre de las protestas: los gremios mantienen sus reclamos y las próximas semanas serán determinantes para conocer si existe una nueva negociación o si el calendario académico vuelve a quedar afectado por otras medidas de fuerza.
