Benjamin EncinaLa discusión por el régimen de tierras rurales en Argentina tendrá este martes un nuevo capítulo en las calles. Distintas organizaciones sindicales, sociales, políticas y vinculadas con los excombatientes de Malvinas se concentrarán frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para expresar su rechazo a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La convocatoria está prevista para las 16 en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. Participarán las dos centrales de la CTA, sectores de ATE, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), entidad que había impulsado originalmente la demanda judicial.
El conflicto se originó a partir de la decisión adoptada por el máximo tribunal el 29 de septiembre, cuando revocó una resolución de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023. Ese artículo había dispuesto la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011.
La normativa derogada establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, además de restricciones relacionadas con la nacionalidad de los propietarios y con la cantidad de superficie que podía concentrar una misma persona física o jurídica. Con la vigencia del artículo del DNU, esas limitaciones dejaron de aplicarse.
Sin embargo, existe un punto jurídico central que diferencia el alcance del fallo de algunas interpretaciones que circularon después de su publicación. La Corte no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras ni resolvió de manera definitiva esa cuestión de fondo. Los jueces se pronunciaron sobre la legitimación del CECIM para promover la demanda y consideraron que esa organización no tenía legitimación suficiente para plantear el reclamo en esos términos.
Desde las organizaciones convocantes, la resolución fue interpretada como un avance hacia un escenario de mayor libertad para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, y por ese motivo decidieron trasladar el reclamo a las calles. La movilización también apunta contra el DNU que modificó el régimen y reclama que el Congreso vuelva a discutir el marco legal.
La jornada contará además con una participación de ATE, que anunció una medida de fuerza para facilitar la presencia de trabajadores estatales en la movilización. El gremio convocó a un paro y retiro de los lugares de trabajo desde el mediodía de este martes, con concentración posterior frente a la sede de la Corte.
El reclamo no quedará limitado a esta jornada. También se anunciaron nuevas movilizaciones para octubre, entre ellas una convocatoria prevista para el 15 de octubre frente al Congreso, donde distintos sectores buscarán confluir con otras demandas sociales y gremiales.
El escenario judicial continúa abierto y el debate político sobre la legislación también permanece en el Congreso. Mientras tanto, las organizaciones que participan de la protesta buscan instalar nuevamente la discusión sobre la propiedad de las tierras rurales, la participación extranjera y el alcance del DNU 70/2023.
