Qué costos podrían desaparecer para vecinos y comerciantes de la Capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone eliminar 59 tasas y conceptos tributarios que actualmente deben afrontar vecinos, comerciantes y empresas de la Capital. La iniciativa, impulsada por la intendenta Rossana Chahla, busca reducir costos vinculados con trámites y actividades municipales y avanzar hacia un esquema con menos cargas administrativas.

La propuesta todavía no está vigente. El proyecto deberá ser analizado por el Concejo Deliberante, y en caso de ser aprobado, las modificaciones comenzarían a regir después de su publicación en el Boletín Municipal. El texto tiene 19 artículos y plantea modificaciones al Código Tributario Municipal, Ordenanza N.º 4.536/13, y a la Ordenanza Tarifaria Anual N.º 5.487/25.

Entre los cambios de mayor impacto para los vecinos aparece la eliminación de los cargos por determinados certificados y constancias municipales. El proyecto contempla que el Certificado de Libre Deuda y el Certificado de Cumplimiento Fiscal, que actualmente tienen un valor de $4.600 cada uno, pasen a obtenerse de manera gratuita si la reforma consigue la aprobación legislativa. De acuerdo con los cálculos difundidos sobre la iniciativa, la eliminación de distintos aranceles podría generar ahorros individuales de hasta $11.500 en determinadas gestiones combinadas.

También se propone terminar con los cobros asociados a consultas de deuda, estados de cuenta y distintas solicitudes administrativas, además de determinados cargos por documentación. Actualmente, algunas actuaciones tienen un costo de $1.150 por la primera hoja y $460 por cada hoja adicional, valores que dejarían de aplicarse en los trámites alcanzados por la reforma.

Otro punto que puede repercutir directamente sobre los hogares está relacionado con las facturas de agua, cloacas y gas natural por redes. El proyecto plantea derogar los artículos 214, 215, 216 y 217 del Código Tributario Municipal, vinculados con una contribución que alcanza esos servicios. En el caso del agua, la normativa vigente establece una alícuota del 3% sobre la liquidación por consumo, correspondiente a servicios municipales de vigilancia e inspección de las instalaciones.

La iniciativa también alcanza a quienes desarrollan actividades comerciales. Entre los conceptos que se busca retirar figuran diferentes permisos de construcción, refacciones, veredas, solicitudes de factibilidad y trámites catastrales, además de cargos relacionados con determinadas habilitaciones.

La ocupación de la vía pública es otro de los sectores incluidos. La propuesta contempla eliminar conceptos vinculados con kioscos, puestos de venta, ferias, food trucks y colocación de mesas y sillas, entre otras actividades que actualmente requieren el pago de aranceles municipales. El objetivo planteado por el Ejecutivo capitalino es reducir los costos que deben asumir quienes desarrollan actividades económicas y simplificar la relación con la administración.

Dentro del listado también aparecen trámites relacionados con el ingreso y comercialización de distintos productos. Se contemplan cargos para introductores de verduras, frutas, aves, huevos, pescados, mariscos y otros alimentos, además de determinados derechos vinculados con mercados y actividades de abastecimiento.

La reforma alcanza además a los cementerios municipales, donde se eliminarían siete conceptos, mientras que Bromatología suma tres y las áreas de Arbolado y Tribunal de Faltas incorporan dos cada una. También aparece un concepto correspondiente a Defensa Civil y otro de Espacios Verdes.

La distribución de los 59 conceptos muestra dónde se concentra la reforma. La Dirección de Ingresos Municipales reúne 17 de ellos, Catastro suma 14 y Vía Pública concentra 12. Luego aparecen Cementerios con 7, Bromatología con 3, Tribunal de Faltas con 2, Arbolado con 2, Defensa Civil con 1 y Espacios Verdes con 1.

El proyecto también contempla modificaciones sobre las retenciones vinculadas con tareas de cobranza para terceros y plantea eliminar un cargo del 1% asociado a determinados servicios especiales. A su vez, se propone dejar sin efecto la normativa que establece valores para la venta de publicaciones municipales, incluidos ejemplares del Código Tributario, el Digesto y distintas ediciones del Boletín Oficial.

Desde el Municipio sostienen que los conceptos incluidos en la reforma tienen una incidencia reducida en la recaudación, pero demandan recursos para su liquidación, emisión de boletas, fiscalización, cobro, sistemas informáticos y atención al público. Por ese motivo, la administración considera que mantener esos tributos genera una carga operativa que no se corresponde con los ingresos obtenidos.

La intendenta Rossana Chahla planteó que el objetivo de la reforma es avanzar hacia un Municipio con menos burocracia, menos trámites y menores costos para los contribuyentes, al mismo tiempo que se busca favorecer a quienes producen, emprenden e invierten en la ciudad. El Ejecutivo municipal también vincula la iniciativa con un proceso más amplio de digitalización de trámites y modernización administrativa.

La propuesta deberá ser discutida ahora por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, presidido por Fernando Juri. Hasta que los ediles no sancionen la nueva ordenanza y esta sea publicada oficialmente, las tasas y aranceles actuales continúan vigentes. Por lo tanto, los certificados, permisos y demás conceptos contemplados en el proyecto no se vuelven gratuitos de manera inmediata.