Belen LapetinaLa Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero el oficialismo no consiguió el respaldo necesario para avanzar con la firma de los dictámenes. La intención de La Libertad Avanza era llevar la iniciativa al recinto el próximo 21 de octubre, aunque las diferencias con los bloques aliados obligaron a postergar la definición.
El plenario reunió a las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. Durante el encuentro, legisladores de distintos espacios cuestionaron aspectos de la propuesta, mientras que el oficialismo defendió la necesidad de avanzar con medidas para proteger los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto reúne en una misma iniciativa las sanciones por la explotación no autorizada de hidrocarburos en Malvinas y las reformas vinculadas con la seguridad nacional y la inteligencia.
Desde Unión por la Patria plantearon la posibilidad de dividir el tratamiento, pero el Gobierno decidió mantener el proyecto unificado. Los bloques dialoguistas también reclamaron mecanismos de control sobre las políticas de seguridad nacional.
Entre los puntos más discutidos aparecen las posibles penas de hasta 12 años de prisión para quienes financien o coordinen campañas de desinformación masiva, además de las restricciones al financiamiento y al asesoramiento extranjero en campañas políticas.
La funcionaria María Ibarzabal Murphy anticipó que el Gobierno analiza incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, como parte de las conversaciones para acercar posiciones.
El proyecto establece un nuevo régimen de sanciones para quienes exploten sin autorización argentina recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La propuesta contempla penas de prisión, multas e inhabilitaciones para personas y empresas involucradas en esas actividades. También prevé restricciones para operar en el país, contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios fiscales y previsionales.
Además, incluye modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en la legislación de inteligencia, aspectos que generaron cuestionamientos de distintos sectores de la oposición.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno anunció que la Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para que el Reino Unido cese las acciones unilaterales vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de Malvinas.
Ante la falta de consenso, el oficialismo intentará retomar las negociaciones la próxima semana para reunir los apoyos necesarios y avanzar con el dictamen.
