Benjamin EncinaEl Gobierno nacional comenzó a evaluar modificaciones en el Presupuesto 2027 para acercarse a los recursos que reclaman las universidades públicas y encontrar una salida al conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La alternativa que se analiza consiste en reasignar partidas de otras áreas, aunque la propuesta todavía no reúne el consenso de todos los integrantes de la conducción oficialista.
La discusión se intensificó por la diferencia entre los fondos contemplados en el proyecto enviado al Congreso y las necesidades calculadas por las instituciones universitarias. La iniciativa oficial prevé alrededor de $7,35 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que se necesitan cerca de $11 billones para atender los requerimientos del sector.
La eventual modificación presupuestaria no es la única herramienta que estudia la Casa Rosada. También se mantienen conversaciones sobre posibles cambios en la legislación universitaria y beneficios vinculados con las contribuciones patronales que pagan determinadas instituciones. El objetivo oficial es acercar posiciones sin comprometer el equilibrio fiscal, pero todavía no existe un acuerdo cerrado con las universidades.
El escenario está condicionado, además, por una disputa judicial. El juez federal Martín Cormick ordenó avanzar con el cumplimiento de la cautelar que exige actualizar los salarios de docentes y no docentes y los fondos destinados a becas estudiantiles. Frente a la demora que consideró existente, dispuso una multa diaria de $100.000 para el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El Poder Ejecutivo cuestiona la resolución y anticipó que apelará las decisiones judiciales. Desde el Gobierno sostienen que los incrementos aplicados desde el comienzo de la gestión, incluida una recomposición salarial dispuesta en junio, deben ser considerados al evaluar el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, la discusión continúa abierta en los tribunales.
La presión también se trasladó al Congreso, donde los bloques opositores reclamaron cambios en el proyecto presupuestario para garantizar los recursos universitarios. Durante el debate, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quedó en el centro de los pedidos de explicaciones sobre las partidas previstas para el próximo año.
En paralelo, las organizaciones universitarias mantienen sus reclamos por el deterioro salarial y la insuficiencia de los fondos para el funcionamiento de las instituciones. La movilización federal universitaria convocada para este 15 de octubre suma presión política en una jornada marcada por el debate presupuestario y las negociaciones legislativas.
Uno de los puntos que deberá resolverse es de dónde saldrían los recursos adicionales si el Gobierno decide modificar las partidas. La opción de reasignar fondos permitiría aumentar el financiamiento universitario sin elevar necesariamente el gasto total proyectado, pero obligaría a definir qué otras áreas podrían recibir menos recursos.
Por ahora, la modificación del Presupuesto 2027 continúa en etapa de análisis. Las próximas negociaciones entre el Ejecutivo, los legisladores y los representantes universitarios serán determinantes para saber si se alcanza un entendimiento que permita atender los reclamos y resolver, al mismo tiempo, el frente judicial.
