Tucumán busca regularizar cientos de edificios que todavía no tienen final de obra

La situación de los edificios de San Miguel de Tucumán que funcionan sin el certificado de final de obra quedó bajo la lupa tras un relevamiento presentado ante el Concejo Deliberante. De acuerdo con los datos expuestos por la directora de Catastro municipal, Nora Belloni, la capital registra 253 construcciones sin esa certificación y más del 60% ya están terminadas y habitadas.

La información se conoció durante una reunión entre concejales y funcionarios municipales convocada para analizar el estado de los inmuebles, los controles realizados y las herramientas disponibles para corregir las irregularidades. El relevamiento comprende alrededor de 1.400 construcciones, aunque todavía no se cuenta con una discriminación por zonas que permita determinar dónde se concentra la mayor cantidad de casos.

Belloni también indicó que otro 8,7% de los edificios sin certificación figura como terminado, pero permanece desocupado. La falta de documentación no solo plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las normas de construcción: también genera dificultades para propietarios que no pueden completar trámites vinculados con sus escrituras. “Mucha gente está afectada porque no puede tener sus escrituras”, advirtió la funcionaria.

Uno de los puntos que más preocupación generó durante el encuentro fue la falta de una evaluación completa sobre cuántos de esos edificios podrían presentar riesgos para quienes viven en ellos. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, informó que se inspeccionaron 112 unidades y aseguró que en ninguna se detectó peligro para sus ocupantes. Sin embargo, no quedó establecido si esas inspecciones corresponden específicamente al grupo de inmuebles que carecen del final de obra.

El debate se produce después de la explosión y el incendio en el edificio de Monteagudo al 120, donde murió el médico Jonathan Stisman. Ese inmueble no había obtenido el certificado de final de obra y acumulaba intimaciones municipales desde 2018 por irregularidades en la construcción. El episodio impulsó a los concejales a pedir información más precisa sobre otros edificios de la capital.

Durante la reunión, el arquitecto Luis Lobo Chaklián, responsable técnico del nuevo Código de Planeamiento Urbano, señaló que se habían identificado alrededor de 17 construcciones con peligro de derrumbe y que el Ejecutivo municipal intervino en siete de esos casos. La información expuesta no permite afirmar que esos inmuebles formen parte de los 253 edificios sin certificación, por lo que las autoridades deberán continuar cruzando datos para establecer cada situación.

Los concejales plantearon la necesidad de reforzar los controles y evitar que las obras continúen avanzando pese a las notificaciones y multas. Gustavo Cobos propuso analizar mecanismos de intervención más efectivos, mientras que José María Franco sugirió priorizar el área central para agilizar las tareas de relevamiento. Durante el intercambio, Ernesto Nagle advirtió sobre las responsabilidades institucionales que pueden surgir cuando los incumplimientos privados no se corrigen a tiempo.

La reunión fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y participaron integrantes de las comisiones de Obras Públicas y Estética, y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica. El objetivo es mantener el trabajo conjunto con el Municipio y avanzar en respuestas para los vecinos afectados.

Entre las alternativas que se analizan está la posibilidad de establecer herramientas para regularizar los edificios que puedan adecuarse a las normas, diferenciándolos de aquellos que necesiten estudios técnicos o intervenciones urgentes por cuestiones de seguridad. Las autoridades deberán determinar qué medidas corresponden en cada caso antes de definir eventuales cambios normativos.

El relevamiento todavía no permite establecer cuántos de los edificios habitados presentan un riesgo concreto. Esa información será clave para definir prioridades, orientar las inspecciones y decidir qué construcciones pueden completar los trámites pendientes y cuáles necesitan una intervención más profunda.