Benjamin EncinaLa Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a poner el foco en el financiamiento de la educación superior después de la quinta Marcha Federal Universitaria, que terminó con incidentes frente al Congreso y 31 personas detenidas, según los reportes difundidos tras el operativo de seguridad. El vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que los hechos violentos no representan a la comunidad universitaria y reclamó que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
La respuesta llegó luego de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicara imágenes de los enfrentamientos y cuestionara los actos de violencia durante la protesta. La funcionaria afirmó que el derecho a manifestarse no habilita a agredir a otras personas ni a cometer delitos. Yacobitti coincidió en que los responsables deben ser identificados, pero advirtió que no corresponde atribuir esos comportamientos al conjunto de quienes participaron de la movilización.
“Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, expresó el vicerrector al responder a la ministra en redes sociales. Con esa frase, vinculó el debate por los disturbios con el reclamo central de la jornada: la aplicación de la normativa que establece recursos para el sistema universitario público.
En declaraciones televisivas, Yacobitti destacó la magnitud de la convocatoria y señaló que la movilización se desarrolló con normalidad hasta el tramo final, cuando un grupo reducido protagonizó los incidentes. También cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y sostuvo que debían identificar a quienes arrojaron piedras, en lugar de que los hechos terminaran afectando al resto de los manifestantes.
El dirigente universitario afirmó además que integrantes de la comunidad educativa recibieron gases lacrimógenos cerca del escenario mientras se desarrollaba el acto. Rechazó expresamente la violencia y pidió que se investigue a los responsables, al tiempo que insistió en que los episodios no deben desplazar el reclamo de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes.
La discusión se produce en medio de una disputa entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025. Las instituciones reclaman que se actualicen los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio, los salarios del personal y las becas estudiantiles.
El conflicto también tiene un capítulo judicial. El 6 de octubre de 2026, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Gobierno cumplir de manera inmediata con la ley y declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, que había frenado su aplicación. La decisión dispuso que el Ejecutivo dictara las medidas necesarias para implementar la normativa.
En ese contexto, la UBA sostiene que el debate sobre los incidentes no debe reemplazar la discusión sobre el presupuesto universitario ni el cumplimiento de las decisiones judiciales. Desde la conducción de la institución reclaman que se identifique a quienes participaron de los actos violentos y que, en paralelo, el Gobierno avance con las obligaciones previstas en la ley.
La quinta Marcha Federal Universitaria reunió en distintos puntos del país a estudiantes, docentes, autoridades académicas, sindicatos y organizaciones sociales. La movilización buscó renovar el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y por la continuidad de sus actividades educativas y científicas.
Así, el cruce entre Yacobitti y Monteoliva dejó expuestas dos discusiones que se desarrollan en simultáneo: la investigación de los incidentes ocurridos frente al Congreso y la exigencia de que el Estado cumpla con la normativa que regula el financiamiento universitario.
